Exalcaldesa de Mexticacán vinculada a proceso
La exalcaldesa de Mexticacán, Nadia Noemí “N”, y el exdirector de Obras Públicas, Omar “N”, junto con la empresa constructora Torpa, han sido vinculados a proceso por el delito de uso ilícito de atribuciones y facultades. Se les acusa de autorizar el pago de una obra sin que esta hubiera sido concluida.
La decisión se tomó durante una extensa audiencia en los Juzgados del II Distrito Judicial en Tepatitlán, donde el Juez de Control y Oralidad, Víctor Manuel Vázquez Flores, determinó iniciar el proceso judicial contra los exservidores públicos y la empresa constructora por diversas modalidades de uso indebido de atribuciones y facultades.
Nadia Noemí “N” y Omar “N” fueron vinculados por otorgar autorizaciones económicas de manera ilícita, mientras que Omar “N” también fue señalado por su omisión en la supervisión y cumplimiento de los términos del contrato.
Por su parte, la empresa Torpa fue vinculada por su participación o promoción del delito de uso indebido de atribuciones y facultades en perjuicio del patrimonio público.
Durante el periodo de administración 2018-2021, la exalcaldesa y el exdirector de Obras Públicas aprobaron el pago de 2.78 millones de pesos a la empresa Torpa por la remodelación del Rastro Municipal. Sin embargo, la obra no fue concluida, lo que motivó una denuncia presentada ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.
Luego de realizar investigaciones y peritajes, se determinó que solo se había completado el 62% de los trabajos contratados, estimando un costo adicional de aproximadamente 1’044,000 pesos para finalizar la obra. Este monto se considera como el daño causado al erario, lo que llevó a la imputación de los exfuncionarios y la empresa constructora.
El Juez impuso medidas cautelares a los exfuncionarios, que incluyen la presentación periódica para firmar y la prohibición de salir del país sin autorización durante un año.
En cuanto a la empresa constructora, se ordenó una intervención judicial que designará a un contador o interventor designado por el director del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. Esta medida busca evitar la desintegración o cambio de razón social de la empresa durante el proceso judicial. Asimismo, se estableció una prohibición de contratarla para realizar obras públicas en Jalisco por un año.
