Provocación antidemocrática y violencia en Perú
El golpe de Estado en Perú no puede, ni debe leerse circunscrita nada más a la convulsa realidad peruana, este está inserto en un proceso mucho más complejo en el que está también enmarcado el intento de magnicidio de Cristina Kirchner, y su posterior condena que la inhabilita a competir por la presidencia a partir de una prevaricación. Por supuesto, esto no es un proceso aislado de ataques a la democracia liberal para negociar con los gobiernos progresista en condiciones de desventaja para ellos, sino que parece estar definiéndose por una vía que tiene como guía cerrar los procesos democráticos para regresar a una América Latina llena de dictaduras.
La dictadura Fujimorista que impuso la constitución vigente, es decir las reglas de lo que debería ser un juego democrático, está realizada para garantizar el poder a una elite corrupta que se enriqueció despojando al pueblo peruano de sus principales recursos naturales estratégicos. Esta dictadura lo hizo a través de un proyecto de violencia política destructiva que impuso una época de terror para el Perú.
El agotamiento de la estructura política que heredó el fujimorismo está haciendo agua, no tiene forma de sostener la estabilidad ni económica ni política de la nación andina. Este proyecto se sostuvo por su contribución al proyecto neoliberal impulsado por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, se entregó a los capitales extranjeros los principales activos del Estado al privatizarlos, y su elite apenas y pudo hacerse cargo de sus excedentes comerciales, condenando al Estado a su desmantelamiento y con ello lanzar a la pobreza millones de peruanos.
Según un estudio realizado por la Consultora Macroconsult derivado la pandemia de COVID-19, se produjo una pobreza aún mayor en el Perú, y colocó a 6 de cada 10 peruanos en condiciones de precariedad. El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) al informar en 2020 su estudio sobre pobreza monetaria dio cuenta que hubo un retroceso de 10 años en la pobreza de los peruanos. La mayor parte de la población en pobreza del país se encuentra en zonas rurales, precisamente las zonas de mayor votación del presidente depuesto José Pedro Castillo Terrones.
La corrupción ha sido la constante en la clase política desde el fujimorazo de 1992, a pesar de que Fujimori se fue, la forma de hacer política se volvió no sólo una corriente histórica al interior del Perú sino que conformó a toda la clase política en torno a su proyecto al no impugnar la Constitución que heredaron del dictador.
La competencia electoral de 2021 da cuenta de la pulverización de los diferentes proyectos políticos existentes, fueron diez candidatos a la presidencia que se dividieron los votos del electorado, fue Pedro Castillo con un partido naciente que obtuvo apenas el 18.92 por ciento de los votos en la primera vuelta, una cifra demasiado pequeña, pero con todo y eso fue el que más votos consiguió, su principal opositora Keiko Fujimori se llevó el segundo lugar con 13.41 por ciento de los votos.
Es decir, no existe ningún tipo de consenso en Perú para alguna fuerza política dentro de la clase tradicional, Castillo Terrones fue prácticamente una sorpresa al conseguir pasar a la segunda vuelta, lo que llevó a convertir la elección en un referéndum al fujimorismo. A penas logró derrotarlos con el 50.13 por ciento de los votos. Suficientes para ganar la presidencia, pero no para tener el respaldo del Congreso ni mucho menos el control del Estado.
Desde el primer momento que Pedro Castillo llegó a la presidencia se echó a andar todo el sistema político de corrupción para bloquear todas las iniciativas que enviaba al congreso para llevar a cabo su programa de gobierno. Nunca le permitieron realizar cambios de fondo que cuestionara el establishment económico.
Durante el corto tiempo que ha durado su mandato hubo dos intentos fallidos de deponerlo de la presidencia a través de un golpe de Estado legislativo, finalmente ante un tercer intento, Castillo tomó la determinación de disolver el Congreso, convocar a unas nuevas elecciones legislativas y una nueva constituyente, acción que no fue acompañada por las fuerzas armadas lo que ha detonado la crisis política actual.
Estos intentos de golpe de Estado hasta finalmente hacerlo efectivo se enmarcan en la necesidad de Washington de recuperar terreno perdido en la influencia dentro de su territorio histórico en América Latina, hay que recordar que el Grupo Lima fue el principal impulsor del golpe de Estado en Venezuela a través del guiñapo de Juan Guaidó, y su conjunto de Estados para desconocer gobiernos democráticos.
Una de las debilidades estructurales del movimiento social que se expresó en las urnas electorales es que no existió una organización social de alcances nacionales, fue una confluencia de movimientos sociales los que se unificaron bajo la consigan de fujimorismo nunca más. El primero objetivo de detener la llegada de Keiko Fujimori a la presidencia se logró, pero no cuajó en un frente nacional que pudiera incidir de forma efectiva en la lucha legislativa y en un nuevo proyecto de nación.
Ante este escenario Pedro Castillo no pudo construir con la clase política un acuerdo de estabilidad, se ensimismo en la Casa de Pizarro y se aisló del poder popular que lo llevó a la presidencia, y fue rompiendo relaciones con cuadros importantes que lo conectaban con diferentes movimientos sociales.
Su error más grande fue confiar en la Organización de Estados Americanos y en Luis Almagro principal operador de golpes de Estado en la región, no hay que ir muy lejos para ver que el mismo escenario planteado en Bolivia con la llegada de la espuria Jeanine Añez a través del golpe legislativo y militar es el que se está aplicando ahora mismo con Dina Boluarte.
La decadente clase política que durante los recientes cuatro años ha quebrado la continuidad democrática deponiendo seis presidentes ha decidido incendiar al país a través de una violenta represión generalizada como respuesta a la movilización social de las áreas más alejadas de Lima, sorprendentemente, la capital ha empezado de igual forma a convulsionar. Las huelgas y los paros de docentes y transportistas es sólo el inicio de una confrontación social que puede derivar en una revuelta popular.
El proyecto de Washington en la región necesita dinamitar las formas de integración latinoamericana que han empezado a explorarse, era claro desde que el Congreso de Perú le negó el viaje a Castillo Terrenos a la toma de protesta de Gustavo Petro y acudir a México para entrevistaste con López Obrador en el marco del traspaso de la presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico que uno de los objetivos de la clase política del régimen fujimorista era alinearse a Washington para demostrar su fuerza y tener luz verde para dar el golpe.
Lo que importa ante todo es detener el avance de gobiernos progresistas a través de las urnas. Están orillando a la izquierda a ser ilegalizada para desde ahí desatar violencia política y justificar nuevas dictaduras que puedan aplacar con represión los ánimos de transformación en el continente. Lo de Perú no es un hecho asilado es la apuesta por regresar una época de terror a los pueblos de nuestra América, este es el reto que deben enfrentar los movimientos sociales a lo largo y ancho de nuestro territorio, es momento de responder, la democracia debe hacerse valer.
