Desde el exilio, atando cabos y luchando contra secuelas que le dejó estar 50 meses en prisión (del 2013 al 2017), periodo durante el cual dijo haber sido torturado casi hasta la muerte dentro del penal de Bucerías, bajo la administración del municipio de Bahía de Banderas, el empresario inmobiliario jalisciense Eduardo Valencia Castellanos ha vinculado las acciones del Megaoperativo Nuevo Nayarit al modus operandi que llevó al despojo de su patrimonio durante la era del exfiscal detenido en Estados Unidos, Edgar Veytia, valorado en 4 mil millones de pesos.

Valencia Castellanos narró que existen coincidencias en el entramado que se le tejió para desposeerlo de la propiedad del condominio maestro Flamingos ACQUA, ubicado en el corredor de la Av. Cocoteros de Bucerías en 2011. En ese episodio, fue acusado sin pruebas de fraude inmobiliario debido a supuestas deficiencias en la construcción al momento de la entrega a los adquirentes de los condominios.

La concordancia de las acciones se atribuye al ex-sub fiscal de Nayarit, Rodrigo Benítez Pérez, quien en ese entonces fungía como Juez Penal de Bucerías y ahora es Magistrado Presidente de la Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Nayarit. Según Valencia Castellanos, en colaboración con el exfiscal Edgar Veytia, Benítez Pérez empleó métodos como la tortura, extorsiones y la tergiversación de la ley para apoderarse de su propiedad.

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Valencia Castellanos afirmó que, viéndolo como un negocio fructífero, Benítez Pérez propuso al actual Gobernador, Miguel Ángel Navarro Quintero, el Megaoperativo Nuevo Nayarit con el objetivo de despojar a empresarios y compradores de buena fe de sus propiedades, argumentando que pertenecían al Fideicomiso de Bahía de Banderas (FIBBA).

“Rodrigo Benítez Pérez, presumo, fue quien llevó este negocio al Gobernador Navarro, para eventualmente decir, ‘A Valencia le quitamos 4 mil millones de pesos con absoluta impunidad utilizando la Fiscalía y el Poder Judicial del Estado. Vamos haciendo el botín de manera masiva. El fraude alcanza los 300 o 400 millones de dólares’. Así, establecieron una operativa similar a través de la Fiscalía en asuntos prescritos”, reveló.

Añadió que la “ambición desmedida” de Benítez Pérez ha promovido estos actos arbitrarios de despojo de propiedades con el respaldo de la Fiscalía de Nayarit y otros “personajes oscuros”, generando incertidumbre en el sector inmobiliario y ahuyentando la inversión en Nuevo Vallarta, pues muchas propiedades han debido devolverse ante la falta de solidez jurídica con el paso de los meses.

“Este individuo, vinculado directamente con el crimen organizado y el tráfico de influencias en las esferas políticas de Nayarit, encabeza el operativo que ha salido pésimamente mal porque… a varios de los afectados la fiscalía ya les ha tenido que devolver sus casas, las cuales fueron aseguradas de manera arbitraria y autoritaria por este individuo, Rodrigo Benítez Pérez”, recalcó.

Modus operandi

Insistió en que su caso marcó el inicio del Megaoperativo Nuevo Nayarit, utilizando una figura inexistente en la ley: la inmovilización catastral de propiedades ante el Registro Público de la Propiedad, mediante la cual se apoderaron de su patrimonio y de otros inmuebles desde el inicio de esta persecución en 2022.

“Los jueces y magistrados de distrito determinaron que la figura de inmovilización registral no está prevista en el Código Penal de Nayarit y, conforme al principio de legalidad, una autoridad solo puede hacer lo que la ley le permite y expresamente confiere”, puntualizó.

Referente a su caso, las escrituras de los inmuebles asegurados no formaban parte de la investigación, por lo cual se determinó su improcedencia por parte de los jueces de distrito.

Sin embargo, dijo, Rodrigo Benítez Pérez siguió girando órdenes de aprehensión y manipulando el proceso judicial para apoderarse de los inmuebles y dejarlos en la calle, que era su objetivo principal, pues no perseguía un proceso penal.

Eduardo Valencia Castellanos concluyó que el Megaoperativo Nuevo Nayarit no busca recuperar terrenos quitados al Fideicomiso de Bahía de Banderas (FIBBA), sino que, por el contrario, es un “Meganegocio” liderado por su creador, Rodrigo Benítez Pérez.