Juzgado libera propiedades de 60 familias en Nuevo Vallarta

La Jueza Primero de Distrito en Materia Penal de Nayarit, ordenó la liberación de sus propiedades y el restablecimiento de su situación en el Registro Público de la Propiedad.

Después de un año de que 60 familias del fraccionamiento náutico de Nuevo Vallarta, mantenían una disputa jurídica en contra de la Fiscalía General de Nayarit y el Fideicomiso de Bahía de Banderas (FIBBA) , derivado del aseguramiento de sus propiedades por el llamado Megaoperativo Nuevo Nayarit; la Jueza Primero de Distrito en Materia Penal de Nayarit, ordenó la liberación de sus propiedades y el restablecimiento de su situación en el Registro Público de la Propiedad.

De no cumplir con lo anterior, la misma Fiscalía tendría que pagar una multa a los ofendidos que va desde las cincuenta unidades hasta más de mil, conforme al artículo 327, fracción I y el 239 de la Ley de Amparo.

Asimismo, se pide que se remita el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito, para dar seguimiento al trámite de inejecución de las acciones que emprendió la Fiscalía de Nayarit en contra de las 60 familias, en donde también advierte que, de haber una negativa puede culminar con la separación del cargo y la consignación del responsable.

Dicha resolución se dio a finales del mes de septiembre de este año y se ha oficializado de manera paulatina; es decir, durante los últimos días se ha ido notificando a los solicitantes.

Por lo que esto dejaría sin efecto las acusaciones hechas por la misma Fiscalía en contra de los ofendidos, en las que se presumía su presunta participación en los delitos de Ejercicio Indebido de Funciones, Tráfico de Influencias; Administración Fraudulenta; Administración Fraudulenta, Enriquecimiento Ilícito, y Despojo de Inmueble.

Estos ilícitos están Incluidos en la carpeta de investigación NAY/TEP-III/RH/3317/2022 en agravio del Fideicomiso de Bahía de Banderas (FIBBA), por las cuales el 29 de septiembre del 2022, la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de Nayarit, realizó el cateo y aseguramiento de 60 inmuebles dentro de las ocho villas con las que cuenta el fraccionamiento Nuevo Nayarit.

Con esta resolución, también deben ser retiradas las lonas de los inmuebles asegurados que afectaba en primera instancia a la inocencia de los cada uno de los propietarios, al ser señalados de adquirir las propiedades a un precio irrisorio, así como a la imagen inmobiliaria del micro destino más importante de Bahía de Banderas.

La Jueza Primero de Distrito en Materia Penal de Nayarit, Ingrid Angelica Cecilia Romero López, dio la razón a los afectados de que fueron violados sus derechos y se incumplieron con obligaciones constitucionales, debido que quienes acusan no fundaron mediante preceptos legales, el motivo del aseguramiento de sus inmuebles y las pruebas que respaldan la acciones en su contra como lo marca el artículo 229 del Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP).

Además de que no se hizo una investigación exhaustiva en la que se descarte que quienes compraron lo hicieron de buena o que exista una tercera persona involucrada en los delitos que se acusan, violando así el derecho de presunción de inocencia como trato en su vertiente extraprocesal.

Ventilando también que el Juez de Control encargado de emitir el acto reclamado, sólo se limitó a transcribir las pruebas invocadas por el agente del Ministerio Público y señalar de manera dogmática que los inmuebles materia de investigación, tienen relación con los hechos que se investigan.

Con estas entre otras irregularidades en el proceso se dio paso a la ejecución del proceso en contra de los demandados. El cual es inapelable.

No habrá reparación del daño por parte de las autoridades a los ofendidos

No obstante que, en la disputa legal los ofendidos tuvieron un gasto por representación legal de entre 150 mil a 600 mil pesos, no habrá ninguna reparación del daño; es decir, que cada una de las familias tomará esto como un gasto para defender su patrimonio que compraron desde hace cerca de dos décadas.

Así dejan atrás un episodio amargo, en donde según argumentan, han pasado de todo durante este proceso, en el que no se busca una contrademanda, sino que “se les deje en paz”.

Solo se espera que la autoridad cumpla con el mandato judicial y puedan ya parar la persecución y puedan regularizar su situación en el Registro Público de la Propiedad.

Se dice que todavía quedan más de un centenar de terrenos sin construir, los cuales también han sido confiscados y estarían bajo la misma situación de irregularidad, por parte de las autoridades.