La erradicación de la corrupción ¿para cuándo?
Ayer, 9 de diciembre, se conmemoró el día de la lucha contra la corrupción que consiste, según el propio Gobierno de México, en el abuso del poder para beneficio propio.
Puede clasificarse en corrupción a gran escala, menor y política, según la cantidad de fondos perdidos y el sector en el que se produzca.
Según el Circulo de Estudios Latinoamericanos, en julio de 2020 México se posicionó en el lugar número 6, con un “nivel alto de corrupción y debilidad extrema de política anticorrupción”.
Datos del INEGI arrojaron que en México la corrupción mantuvo una tendencia al alza del 2013 al 2019, esto quiere decir que pasó de 12 a casi 16 víctimas de corrupción por cada 100 habitantes. Las entidades con mayor índice de corrupción fueron Durango, Ciudad de México y el Estado de México.
Son los trámites que involucran contacto con autoridades de seguridad pública, gestiones con propiedades o ante el Ministerio Público los que presentan mayor incidencia.
En 2019, el monto total que erogaron las personas por actos de corrupción al realizar pagos, trámites, solicitudes de servicios públicos o por otros contactos con autoridades, ascendió a 12 mil 770 millones de pesos.
El mismo INEGI señala lo que muchos percibimos, la corrupción está asociada de manera negativa con la confianza que las personas tienen de las instituciones de gobierno.
Es casi imposible imaginar que, con el simple hecho de desear su erradicación, suceda, tal como lo ha prometido el presidente de México una y otra vez, mañanera tras mañanera, durante los últimos dos años.
Desde aquel “vamos a limpiar al gobierno de corrupción como se barren las escaleras, de arriba para abajo”, no se ve mucho avance que digamos.
La erradicación de la violencia provocada por el crimen organizado no ha disminuido, no se aplica la justicia en contra de violadores, golpeadores y feminicidas, no hay medicamentos en los hospitales, no hay servicios públicos dignos para millones de mexicanos, sólo por mencionar algunos casos.
El INEGI no sólo se encarga de hacer los censos poblacionales, es fundamental para la toma de decisiones y la creación de políticas públicas basadas en sus estadísticas que, en muchos casos, detectan focos rojos.
Han documentado, además de la prevalencia de la corrupción, la creciente cifra de feminicidios, la percepción de seguridad, la contracción de la economía, el índice de suicidios, entre muchos otros.
Como el presidente siempre trae otros datos, ¿no será que por eso quiere incluir a Graciela Márquez en la Junta de Gobierno del INEGI? Graciela es una mujer brillante, con un currículum impresionante, pero las intenciones de AMLO pueden ir más allá y no sólo proponerla para incorporar su talento al Instituto.
Por lo menos en papel, el INEGI adquirió autonomía técnica y de gestión en 2008 y con la probable incorporación de Graciela a su Junta de Gobierno pareciera que lo que desea el presidente es tener una mano dentro para controlar.
Así lo expresó: “El año próximo tengo que hacer la propuesta para la presidencia del INEGI y el propósito es que ya se tenga a una representante vinculada a nuestro gobierno en el INEGI”.
