Gobierno de Nayarit quiere esconder el Registro Público de la Propiedad
En medio del fraude bancario más grande de la historia de Nayarit, que tuvo epicentro en Bahía de Banderas, en el que se reportan pérdidas hasta de los 4 mil millones de pesos, el Congreso Local y el Gobierno del Estado han tomado medidas y han modificado el artículo 2 de la Ley Catastral y Registral del Estado de Nayarit, eliminando el ingreso público a la información.
Dicha ley fue aprobada el pasado 2 de mayo y entró en vigor este viernes 3 de mayo de 2024, con 21 votos a favor, 6 en contra y 3 abstenciones. Según justificó el gobernador de Nayarit, quien llevó dicha iniciativa al Congreso, es la migración a un Gobierno digital que permita dar seguridad y certeza a la propiedad.
La reforma del ejecutivo y aprobada por los diputados, se basa en eliminar la cláusula que disponía que “todos los trámites a que se refiere esta Ley estarán disponibles para su consulta en el sitio de internet del Registro Público de forma accesible”.
Asimismo, la fracción octava del artículo 6 de la ley, se derogó la disposición que permitía acceder a la información “que cualquier persona podrá consultar y solicitar, se le muestren los asientos registrales”.
Aunado a todo lo anterior, se aprobó también el establecer una “alerta registral” la cual notificará al dueño de la propiedad sobre la petición de información del bien inmueble por un tercero ajeno a la misma a través de las solicitudes de inscripción o certificación y detectar algún acto no reconocido o fraudulento, o falsificación de documentos.
Por lo que de ahora en adelante, quien busque obtener información de una propiedad en el Estado de Nayarit, tendrá primero que acreditar que existe un interés jurídico, es decir, un derecho para hacerlo. Quien no pueda acreditarlo, estará restringido de toda información registral y catastral.
Todo esto afecta de acuerdo con expertos, el principio de publicidad y la transparencia en el estado, debido a que se establecen candados a información que sirve para señalar irregularidades o actos de corrupción en los que estarían inmersos los mismos funcionarios públicos con la obtención ilegal de inmuebles.
Otros más han puesto sobre la mesa el tema Megaoperativo Nuevo Nayarit, al que se han amparado más de 80 familias del fraccionamiento náutico de Nuevo Vallarta, a quienes se les pudiera restringir información y quitarles las propiedades incautadas.
GC
