Intimidación a periodistas: caso Cinthya Alvarado
La autoridad encargada de perseguir los delitos cometidos contra los periodistas en México a nivel federal es la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos. Incluso, en la página oficial se especifica que es la encargada de:
“Dirigir, coordinar y supervisar las investigaciones y, en su caso, perseguir los delitos cometidos en contra de quienes ejercen la actividad periodística o se cometan en razón del ejercicio de derecho a la información o de libertad de prensa y expresión”.
Leopoldo Maldonado, director de Artículo 19, asegura que esta Fiscalía surgió gracias a las exigencias de periodistas y activistas de crear un enfoque especializado para construir las investigaciones a partir del contexto de la víctima, de sus publicaciones.
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Sin embargo en México la intimidación a periodistas ha provocado, en el mejor de los casos, exilio, tal como ocurrió en Tijuana con la periodista Laura Sánchez quien tuvo que abandonar su estado al ser agredida, acosada y amenazada derivado de su labor periodística:
“La verdad es una situación muy compleja porque te pasan por la cabeza muchas cosas, piensas que te ven, piensas que te están vigilando, estás en constante comunicación con tu familia porque la familia es lo que más preocupa en esos lugares como Tijuana”.
En el 2018 se creó el “Protocolo Homologado de Investigación de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión” como herramienta para los peritos del Ministerio Público, y así poder resolver con mayor eficacia este tipo de delitos.
Sin embargo, Leopoldo Maldonado asegura que:
“Este protocolo, lamentablemente, en muchas de las entidades es letra muerta, y no se aborda la violencia contra la prensa con un lenguaje especializado”.
Violencia tiene motivación política: Maldonado
El director de Artículo 19 asegura que no existe interés por parte de las autoridades puesto que:
“La violencia contra la prensa tiene una movilización política y precisamente al trastocar sus intereses políticos es que las investigaciones no avanzan en el fuero común”.
Artículo 19 registró solo durante el primer semestre del 2021, 362 agresiones contra la prensa; 193 fueron por cobertura de política y corrupción.
Lo más preocupante es el nivel de impunidad, que en México se da en el 90 a 98 % de los casos.
Impunidad a nivel estatal y municipal
Las estadísticas reflejan que en el 50 % de las agresiones contra la prensa cometidas por funcionarios a nivel estatal y municipal suele existir complicidad con los agentes del ministerio público local.
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Y el problema empeora en un país donde la violencia contra las mujeres se normaliza socialmente día con día.
Caso Cinthya Alvarado
El pasado 6 de enero, la periodista Cinthya Alvarado fue detenida por elementos del INM y Guardia Nacional. Ella ha dedicado su trabajo a reportar la situación de las caravanas migrantes y sobre los abusos cometidos por la Guardia Nacional y el INM.
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Alvarado asegura que estuvo secuestrada bajo una detención ilegal por cinco horas. Esto fue lo que la comunicadora compartió en sus redes sociales:
“Estábamos en el Parque Bicentenario luego de varias entrevistas donde los migrantes denunciaron detenciones arbitrarias, donde a pesar de contar con documentos y protocolo de regularización eran levantados y encarcelados por el INM.
Nos llamaron y avisaron que según estaban dando los QR de nuevo en el Parque Ecológico. Corrimos la voz y nos dirigimos hacia allá.
Ahí me quisieron cuadrar delitos como: tráfico de humanos (por llevar en la camioneta 4 migrantes del parque bicentenario al ecológico).
(…)
Me querían detener ahí, y no se los permití porque son COCHINOS, los conduje a la FGR. Ah, pero ahí se atrevieron a detenerme junto con GN… estuve secuestrada, bajo una detención ilegal más de 5 horas”.
Mecanismos de protección
A nivel federal, existe un Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.
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La directora de la organización CIMAC, Lucía Lagunes, asegura que el Mecanismo es un recurso que se impulsó desde la sociedad civil y el gremio periodístico:
“Las organizaciones veíamos en su momento que era fundamental hacer evidente la responsabilidad del Estado mexicano ante la violencia que estaban viviendo personas defensoras y periodistas, los eslabones fundamentales para la democracia en México y en cualquier país”.
Asimismo, destaca que:
“El mecanismo ha hecho de lo que ha podido y hasta hace muy poco tiempo decíamos, había salvado vidas. Creo que en muchos caso sigue salvando vidas, pero hoy tenemos periodistas asesinados, defensores defensoras asesinadas que estaban bajo el mecanismo de protección y debería haber una revisión interna de cuáles fueron las falencias que no advirtieron el riesgo para prevenir el homicidio”.
El problema de estos Mecanismos es que no son preventivos.
Así lo explica Leopoldo Maldonado:
“Estos mecanismos son reactivos, no preventivos, y es algo que se tiene que cambiar, pero además no siempre cuentan con los recursos humanos, financieros y logísticos para poder avanzar en fortalecer las medidas de protección, ser más eficaces.
Si la protección no va acompañada del abatimiento de la impunidad, no va a haber mecanismo, no va a haber programa de protección que pueda garantizar la seguridad de la prensa. Es una mirada integral, es una mirada sistémica que hoy por hoy no existe en México”.
“Los atentados a la libertad de prensa son el reflejo de la debilidad de una democracia”
Lucía Lagunes señala con énfasis que “los atentados a la libertad de prensa son el reflejo de la debilidad de una democracia”.
Lo cierto es que el Mecanismo no ha logrado revertir las condiciones estructurales que permiten la ejecución de crímenes contra periodistas, como el más reciente caso de la periodista Lourdes Maldonado, porque para el gobierno no es prioridad.
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En una sociedad democrática, el trabajo de la prensa se vuelve fundamental para informarnos y así ejercer nuestros derechos.
Se está violentando nuestro derecho a la información con una impunidad lacerante. Si perdemos esas voces, perdemos la posibilidad de construir una verdadera sociedad democrática.
