De 47 casos de periodistas asesinados, solo hay 5 sentencias
De acuerdo con la Secretaría de Gobernación, desde diciembre del 2018 hasta septiembre del 2021 han sido asesinados 141 periodistas y defensores de derechos humanos.
Casos de periodistas
Enrique Irazoque, titular de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos de la Segob, precisó que solo durante la actual administración se tiene registro de 47 periodistas asesinados.
El 61 % de los homicidios se concentran en:
- Sonora
- Guerrero
- Veracruz
- Michoacán
- Estado de México
- Oaxaca.
Los periodistas asesinados trabajaban principalmente en la fuente policiaca, seguridad o investigaban temas de corrupción.
En el 43 % de los casos, los agresores eran servidores públicos, el 33 % delincuencia organizada y en el 23 % el agresor no ha sido identificado.
Casos de defensores de derechos humanos
En esta administración han sido 94 los defensores de derechos humanos asesinados. El 67 % de los casos han sucedido en:
- Guerrero
- Oaxaca
- Chihuahua
- Chiapas
- Veracruz
- Michoacán.
Los defensores atacados, en su mayoría trabajaban a favor del medio ambiente, pueblos indígenas, violencia de género y comunidad LGBT.
De 94 casos, solo dos han tenido sentencia.
Los generadores de violencia
Enrique Irazoque precisó que existen varios generadores de violencia:
- Crimen organizado
- Impunidad
- Corrupción
- Colusión entre grupos delictivos y autoridades
- Incumplimiento de municipios y estados
- Falta de cultura con respecto a la importancia de la labor de periodistas y defensores.
Por ello, se firmaron convenios de colaboración con las 32 entidades federativas para poder crear políticas públicas de prevención contra agresiones y amenazas hacia defensores de derechos humanos y periodistas.
Por su parte, el subsecretario de Derechos Humanos Alejandro Encinas, dijo que se buscará la modificación del marco normativo:
“Un sistema nacional de prevención y protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas que establezca con claridad la corresponsabilidad y competencias de las instituciones del Estado mexicano en esta materia”.
Asimismo se impulsará el seguimiento de las investigaciones en las fiscalías para poder garantizar las sentencias por parte de la autoridad judicial.
