15 exfuncionarios de Segalmex acusados de lavado de dinero
La Fiscalía General de la República (FGR) acusó ante un juez federal a 15 exfuncionarios y a ocho socios de empresas por los supuestos delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero en relación con una supuesta adquisición irregular de azúcar para Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex).
La FGR presentó una nueva investigación ante un juez de distrito con sede en Oaxaca, quien concedió varias órdenes de aprehensión y autorizó 10 cateos a diversos inmuebles, según confirmaron representantes legales de las personas acusadas.
Este caso se deriva de una carpeta de investigación distinta a la iniciada previamente por el presunto uso indebido de recursos públicos de Segalmex para la compra de certificados bursátiles, hecho por el que ya fue vinculado a proceso un exfuncionario.
La fiscalía solicitó nuevas órdenes de aprehensión contra exservidores públicos que fungieron como directores, subdirectores, gerentes, subgerentes y jefes de almacenes rurales de Segalmex, pero ninguna en contra de Ignacio Ovalle, a pesar de que fue el titular de dicha institución durante el año en que se cometieron los supuestos delitos.
Ovalle no ha sido imputado por ninguna de las irregularidades detectadas en Segalmex, Diconsa y Liconsa durante su gestión, las cuales significaron un daño al erario por 9 mil 500 millones de pesos. Sólo fue removido del cargo de director y designado titular del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (Inafed) de la Secretaría de Gobernación (Segob).
La nueva carpeta de investigación de la FGR indaga una contratación del 24 de abril de 2020 a la razón social Servicios Integrales Carregin, SA de CV, para la adquisición de 25 mil toneladas de azúcar, por un monto de entre 418 y 465 millones de pesos.
La compra fue solicitada por la Unidad Operativa de Segalmex en Querétaro como parte del Programa de Abasto Rural que tiene la finalidad de garantizar a familias pobres el acceso económico a productos de la canasta básica, y se efectuó con base en un acuerdo para agilizar compras ante la pandemia de COVID-19.
La FGR sostiene que los recursos millonarios se pagaron por adelantado a Carregin, sin que la empresa haya entregado la totalidad del producto comprometido, aunado a que no hubo un contrato formal que amparara la adquisición, sino solo una “hoja de pedido”.
