¿Y las vacunas para las personas con discapacidad?
Mexico City, Mexico - December 3, 2017: Peaceful protesters participate in a march calling for the Mexican government to defend the rights of the handicapped community.
Ante la omisión de la Secretaría de Salud, familias y organizaciones civiles iniciarán una batalla legal para ser vacunadas contra COVID-19. Consideran que a estas alturas, todavía no se cuenta con una estrategia clara para el registro y aplicación de la vacuna para personas con discapacidad.
Los afectados emitieron un comunicado el pasado 14 de junio donde estipularon que:
“Esto sigue perpetuando la carga desproporcionada que la misma SSA ha dejado caer en las personas con discapacidad y sus familias desde el inicio de la pandemia: al suspender, cancelar y posponer las citas médicas, estudios médicos y terapias que a más de 15 meses han deteriorado la ya precaria condición de salud de muchas personas con discapacidad, por lo que el día de hoy se desahogaron las primeras diligencias de las familias que han decidido exigir por la vía jurídica sus derechos”.
Por su parte, el director de Promoción de la Salud, Ricardo Cortés Alcalá, aseguró que se necesita un análisis de la situación:
“Tendríamos que hacer un análisis específico para saber qué tipos de discapacidades son con las que viven y entonces tenemos que hacer ajustes para eliminar barreras en materia de vacunación contra COVID”.
¿Por qué llevar a cabo una acción legal?
Se busca que se pueda registrar y vacunar de manera inmediata a las personas con discapacidad pero también pretenden establecer los mecanismos necesarios para que no se excluya ni se discrimine a este sector de la población.
La abogada del área especializada en atención a personas con discapacidad de la Defensoría, Yasmín Rosales Muñoz, dijo lo siguiente:
“Esto es solo el inicio, deben existir condiciones del entorno de fácil acceso de las personas con discapacidad y de sus cuidadores primarios (familiares o cuidadores); debemos buscar la eliminación de barreras sin distinción”.
Esta acción legal busca incluir en el Plan Nacional de Vacunación contra COVID un protocolo donde se reconozca la vulnerabilidad a la que están expuestas las personas con discapacidad y los mayores de 60 años.
También solicitan la creación de un registro accesible donde se contemple la vacunación del cuidador primario, además de que se capacite al personal de salud que aplicará las vacunas.
“Si no nos ven, no nos reconocen. Este es un medio de defensa que va a beneficiar a personas con discapacidad y a sus cuidadores primarios porque son un equipo, no se entienden por separado. Las autoridades deber ser muy conscientes de que no son números y nombres, son personas que necesitan que la sociedad deje de imponer barreras para el acceso a derechos”.
