Un año de sangre para no olvidar (II)

A fines de mayo, a unas horas de que el gobierno federal anunciara una baja en los homicidios cometidos en el estado de Guanajuato, la realidad vino de visita: once personas fueron acribilladas por un comando en Celaya; los sicarios le prendieron fuego a un hotel y a dos bares: apenas dos semanas antes, se habían dado en esa ciudad 10 ejecuciones en un día. En cuatro meses de 2022 se habían contabilizado en Celaya unos mil homicidios.

Ese mes se descubrió que una célula de la Unión Tepito tenía en el puño a una docena de bares de las colonias Roma, Condesa, Nápoles y Centro Histórico: la cuota de la extorsión era de 50 mil pesos semanales. En caso contrario, los propietarios deberían permitir que se vendiera droga de la Unión en los baños.

Un bebé de dos años fue ejecutado en un templo de Fresnillo, Zacatecas. La comisión de derechos humanos estatal declaró: “Se han traspasado las fronteras de lo impensable“. El estado se hallaba entre los tres más peligrosos de México, con una tasa de 13.97 homicidios por cada 100 mil habitantes. La violencia crecía sin freno: 18 municipios quedaron abandonados debido a las presiones del crimen organizado: más de diez mil personas dejaron comunidades de Jerez, Valparaíso, Fresnillo, Monte Escobedo, abandonando casas, tierras, animales, familiares, amigos.

Mientas tanto GESMujer denunciaba una crisis de feminicidios en Oaxaca: 56 de ellos, cometidos en hogares, vehículos y la vía pública. En Sinaloa, un grupo de reporteros fue detenido por un retén del narco. El presidente reprochó a los comunicadores que hubieran hecho un escándalo. Pero el escándalo no eran las quejas de los periodistas: a propósito de ese hecho se documentó la presencia de retenes del crimen organizado en Sonora, Chihuahua, Tamaulipas, Nayarit, Nuevo León, Guerrero, Puebla, Veracruz, Sinaloa, Guanajuato, Estado de México, Hidalgo, Querétaro, San Luis Potosí, Aguascalientes y Zacatecas.

Simultáneamente se denunció el sistema de extorsiones al que la Familia Michoacana había sometido, en Valle de Bravo, Estado de México, al ramo de la construcción, a los operadores del transporte, a los expendedores de pollo y a locatarios de mercados, así como a parapentistas, lancheros, gasolineros, restauranteros, hoteleros, vendedores de pan y distribuidores de gas.

En el mercado Baltasar Leyva, de Chilpancingo, Guerrero, todas las pollerías amanecieron cerradas como protesta a las extorsiones de los grupos criminales, Tlacos y Ardillos, que se habían dividido la ciudad. Eran extorsionados también vendedores de carne de res y de cerdo. En una granja cercana, seis personas que desplumaban pollo fueron acribilladas, para poner el ejemplo entre los vendedores.

En Monterrey fue encontrada una cabeza de mujer dentro de una hielera. En solo 15 días habían ocurrido 60 ejecuciones. Iban 543 homicidios en los primeros cinco meses del año. Las masacres no cesaban en Ciudad Juárez, Chihuahua, en donde 9 personas que asistían a un velorio perdieron la vida a manos de criminales.

En Cerocahui, en la sierra tarahumara, un líder del crimen organizado asesinó a los sacerdotes jesuitas Javier Campos y Joaquín Mora. En esa zona, la tasa de homicidios es de 103 por cada 100 mil habitantes; el control del crimen organizado resulta absoluto al punto de que la venta de cerveza a los comercios no la hacen las empresas, sino los grupos criminales, de manera directa.

En Topilejo, a las puertas de la CDMX, una balacera que dejó 14 detenidos puso de manifiesto la operación del Cártel de Sinaloa en dicha alcaldía: sicarios de los hijos del Chapo hacían una “limpia” de narcomenudistas a fin de allegarse el control de las calles.

En Guadalajara, el colectivo Luz de Esperanza denunció la desaparición de 45 personas diarias en Jalisco (el tercer lugar en desapariciones), mientras cientos marchaban por las calles: “Estamos viviendo una pesadilla, gobernador, se llevan a nuestros hijos delante de la gente“. En la Ciudad de México, la Encuesta de Percepción de Seguridad Pública Urbana dio a conocer que los ciudadanos viven en un clima de inseguridad en 13 alcaldías, especialmente Tláhuac, Iztacalco y Azcapotzalco.

En San José el Nuevo, Guanajuato, y en Quechultenango, Guerrero, 14 personas fueron asesinadas la misma noche por comandos criminales. Para entonces, una locura sin freno corría por Michoacán, Guanajuato, Zacatecas, Guerrero, Morelos, Veracruz, el Edomex y Baja California: en los dos meses más sangrientos del año la violencia había dejado en México 4,803 homicidios. Ese mismo impulso incontenible provocó el incendio, durante más de tres horas, de Oxxos, farmacias, autos particulares, taxis, camiones de pasajeros y de carga en Irapuato, Celaya, Silao, Salamanca, Abasolo, León, San Francisco del Rincón y Valle de Santiago, luego de que fracasara un operativo para detener a un jefe del Cártel Jalisco. Más de 300 kilómetros fueron puestos en llamas esa noche.

Poco después, dos horas de balaceras y pánico desbordado se registraron en Orizaba, Veracruz, durante la persecución de un jefe criminal. Al poco tiempo, Miguel Alemán, en Tamaulipas, despertó en llamas a resultas de la guerra entre el Cártel del Golfo y el Cártel del Noreste. Ahí, la gente pasa las noches encerrada en sus casas. Ya no hay policía municipal. Los criminales realizan rondines nocturnos y solo se oye el rugir de los “monstruos”, vehículos blindados y artillados que dejan cuerpos torturados, desmembrados, despedazados, en calles y carreteras. Tijuana reportó en diez meses 1,225 homicidios. La Familia Michoacana desató en Totolapan, Guerrero, una cacería en la que murieron 19 personas. La tragedia se repitió casi idéntica en el bar El Pantano de Celaya en donde el Cártel de Santa Rosa ejecutó a 11 personas.

En seis días de octubre se cometieron en el país 520 asesinatos, y se viralizó la imagen de un perro que trotaba por calles de Monte Escobedo, Zacatecas, con una cabeza humana entre las fauces. En un predio de Irapuato se encontró una fosa de la que se extrajeron 53 bolsas con restos humanos. Nuevo Laredo se paralizó con bloqueos, tiroteos, camiones incendiados. Vino después la matazón de El Durazno. Causa en Común documentó 462 masacres cometidas en México hasta noviembre de 2022. El saldo fue de unas 1,796 personas masacradas.

Hago este recuento para no olvidar tanta sangre.