Senado analiza reforma para perseguir de oficio crímenes contra periodistas
En respuesta al aumento en la incidencia de asesinatos y agresiones contra periodistas en México, el Senado está considerando una reforma que permita a las autoridades federales perseguir de oficio los delitos cometidos contra profesionales de los medios de comunicación, por lo que no será necesario presentar una denuncia para que inicie la investigación.
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Según datos de la organización internacional Artículo 19, desde el año 2000 se han registrado 153 asesinatos de periodistas en México, 141 de ellos hombres y 12 mujeres, de los cuales 33 homicidios han ocurrido durante la actual administración, así lo informó el senador Ángel García Yáñez.
A pesar de que México cuenta con una Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas que está a punto de cumplir una década de vigencia, el senador del PRI enfatizó que los resultados han sido prácticamente nulos, ya que las agresiones y asesinatos de periodistas no han disminuido.
En su propuesta, el senador García Yáñez aboga por enmendar la Constitución Política para que las autoridades federales persigan de oficio los delitos contra periodistas, es decir, sin necesidad de que se presente una denuncia formal.
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El legislador destacó que, a menudo, los profesionales de los medios de comunicación rechazan la ayuda debido a la falta de confianza en las autoridades y el temor a que no se les brinde una protección efectiva.
Subrayó que la libertad de expresión y el derecho a la información están en peligro, ya que no se respeta el artículo 6 constitucional que prohíbe sancionar la libre manifestación de ideas, a menos que atenten contra la integridad de terceros.
La propuesta ha recibido el respaldo de senadoras, periodistas, activistas, abogados y defensores de derechos humanos, quienes coinciden en que la política pública de protección de periodistas debe ser más efectiva en la identificación y prevención de delitos contra quienes ejercen esta profesión, incluyendo amenazas de muerte y homicidios.
Además, se hace hincapié en la necesidad de asignar el presupuesto necesario para que los ministerios públicos y el sistema de justicia puedan llevar a cabo su trabajo de manera eficiente para garantizar la protección a periodistas.
