No es el INE es 2024
La marcha de este domingo 13 de noviembre nada o poco tuvo que ver con la defensa hacia el órgano electoral o la democracia. Es una amalgama de intereses políticos por articular un movimiento de masas que le permita recuperar los privilegios que tenían. Lo que en verdad está en juego es la disputa presidencial del 2024, y con ello, el sistema político que debe emerger en contra posición a las reglas electorales impuestas desde el régimen neoliberal.
Es de una absoluta falta de honestidad intelectual calificar al Instituto Nacional Electoral (INE antes IFE) como un baluarte de nuestra democracia. Como si a partir de su creación, y gracias a la obra de un círculo de iluminados se pudo avanzar en elecciones libres en nuestro país. Tan solo recordar los más de 600 asesinatos políticos de los militantes del Partido de la Revolución Democrática.
El tránsito a la alternancia se generó por presiones de Washington que arreciaron a juego de la crisis económica de 1994. La exigencia de acabar con el partido de Estado para dar paso a las reformas neoliberales generó una disputa encarnizada al interior del partido en el poder, el punto no era la oposición a las recetas del neoliberalismo sino quién y cómo habría de controlar el proceso de privatizaciones que derivaría en el despojo de la riqueza del Estado. Tan no se pusieron de acuerdo, que la cosa terminó en un magnicidio en Lomas Taurinas.
El que un partido llegara al poder después del PRI no significó con ello la llegada de la democracia, más bien, la defensa del proyecto neoliberal a través de un proceso de simulación democrática. Por eso es que para 2006 hicieron todo lo posible a su alcance, desafuero incluido, para descarrilar el proceso, lo que devino en un fraude electoral y que, para detener la conflictividad y el posible estallido social, se optó por militarizar al país y llevarlo a un baño de sangre en nombre de una guerra contra las drogas, lo que en el fondo fue un proceso de contrainsurgencia donde el enemigo era la sociedad.
Para 2012 el poder del dinero se quitó la máscara, sin importar que los mecanismos usados en los recursos financieros fueran francamente esquemas de lavado de dinero provenientes del crimen organizado y de grandes fortunas, el órgano electoral mexicano avaló la elección, lo que daba un claro ejemplo, que la única vía para poder derrotar al sistema sería una movilización nacional que los desbordara, lo que finalmente sucedió en la elección de 2018.
La función fundamental del órgano electoral dentro del periodo neoliberal ha sido la de garantizar la legalidad del despojo producido, darle un respaldo al sistema político que se enriqueció a costa de los bienes públicos del país al mismo tiempo que se exacerba la violencia política en varias regiones. Generar un sistema de representación popular que permitiera el bloqueo de las demandas sociales históricas, y asumiera desde las cúpulas partidistas que el poder del dinero estuviera por encima de los intereses de la nación.
Para decirlo con mayor claridad, nuestro sistema político en los últimos treinta años está marcado por la violencia política, y para que eso funcionara, la simulación del INE fue un requisito indispensable. La validación de este sistema de despojo fue la clave para mantener la gobernabilidad en medio de una gran conflictividad social.
Es por esta razón que la reforma electoral propuesta por el presidente López Obrador tiene varios aciertos, es un intento por reorganizar a la clase política y darle una mayor estabilidad al próximo gobierno para garantizar seguir profundizando los cambios. Es una estrategia de mediano plazo. Cambiar las reglas que el neoliberalismo generó es una tarea impostergable. Se podrá estar o no de acuerdo en la totalidad de la reforma, pero indudablemente es un paso adelante por desmantelar la legalidad neoliberal y abrir paso a un periodo político en donde la violencia no sea la que lo rija.
Por supuesto que es el momento, ya que la narrativa y legitimidad neoliberal están en crisis, no están articulando ninguna de las demandas sociales, hasta el momento lo que los ha mantenido unificados es el rechazo del proyecto obradorista por transformar desde el Estado las condiciones económicas de las mayorías, se oponen por completo a los procesos de desmercantificación germinales en curso que está ayudando a disminuir los niveles de violencia política. Saben que de ello depende mucho del respaldo popular del presidente.
Volvamos a lo que comentamos al inicio, la marcha tuvo un objetivo muy claro por parte de la clase económica que la dirige, establecer mejores condiciones de negociación con el próximo gobierno presidencial. Lo que en otras palabras quiere decir, intentar influir en el candidato de Morena.
La clase empresarial que domina los principales circuitos económicos del país sabe perfectamente que no existe una oportunidad clara hasta el momento para terminar con el proyecto obradorista en 2024, justo por eso ha ido incrustándose dentro de Morena para producir mejores condiciones para sus negocios al amparo del poder público.
Cuando el presidente habla de striptease político, se refiere justamente a que los intereses han quedado develados. Esto en términos de la disputa por la nación es sumamente positivo, López Obrador está estirando la liga para hacer emerger lo que es un hecho indiscutible, la polarización social a la que llevó el neoliberalismo sigue intacta.
La derecha ha salido a las calles acompañado de los medios de comunicación masiva, y han logrado establecer un movimiento de masas inicial, pero que no tiene un flujo electoral que garantice triunfos, al contrario, ese flujo está justamente deshecho. En todo caso podrá ser utilizado ya sea para una confrontación violenta en las calles, lo que parece lejano, pero que no podría descartarse.
Al llegar a este escenario, entonces el triunfo del pasado domingo es que le da condiciones de negociación, no a los actores más visibles del movimiento sino a sus patrocinadores. Jalonear porque no se continúen ciertas políticas, establecer mínimos para mantener el apoyo al proyecto que sigue, es decir, la clase económica manda el mensaje que el acuerdo que tenían para la estabilidad política con Andrés Manuel se termina con él, por lo que la candidatura ganadora tendrá que establecer un nuevo pacto.
No es el INE, es el 2024 lo que está en disputa, la construcción de un proyecto transexenal y sobre todo, la estructura de una nueva clase política para establecer acuerdos que dejen de lado la violencia política que impera en el país. El reto es ese, del otro lado la movilización ya empezó, la derecha lo tuvo claro. La respuesta presidencial será el primero de diciembre, con un nuevo informe de gobierno.
Pase lo que pase con la reforma, la única vía que garantiza que un proyecto de izquierda pueda tener una oportunidad de expresarse es que el movimiento social lo respalde, hay cuadros dentro del gobierno que aún no lo entienden, esto es un llamado de atención.
