FGR cierra indagatoria por corrupción en caso Javier Duarte
Cierra la FGR una investigación por posibles irregularidades y corrupción relacionada con el caso Javier Duarte.
El argumento del carpetazo fue porque supuestamente no existen hechos delictivos que perseguir, a pesar de que algunos exfuncionarios de la PGR reconocieron errores en la indagatoria. Además, el mismo Duarte reconoció que hubo sobornos y extorsiones detrás del procedimiento investigado.
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En un oficio firmado por el fiscal Roberto Lara Vázquez, fechado el 30 de diciembre del 2021, se determinó “el no ejercicio de la acción penal” dentro de la carpeta de investigación FED/VG/UNAI/00000453/2018.
La abogada que presentó la denuncia, Estefanía Medina, acusó a la fiscalía de actuar con opacidad:
“Es evidente, incluso se ha reconocido, que hubieron hechos de corrupción detrás de este proceso. Se requería de una investigación seria y compleja, a todos los niveles, para esclarecer este asunto pero no la hubo. Solo se taparon entre ellos y las víctimas quedamos a un lado”.
Medina declaró que presentará un recurso ante un tribunal federal que vaya en contra de esta determinación pues la FGR también incumplió en mantenerlos informados en su calidad de denunciantes.
Pacto controvertido
La denuncia fue interpuesta por TOJIL el 1 de octubre del 2018. En ella se cuestionó el “procedimiento abreviado” con el cual Javier Duarte acordó con la entonces PGR el que se le retirara el delito de delincuencia organizada.
En la denuncia se estipula que:
“Se advierte la existencia de una posible colusión con el imputado a cambio de una cantidad de dinero, bienes o beneficios que dieron lugar a una solicitud de una pena completamente inadecuada y desproporcional”.
Con este arreglo, Javier Duarte redujo la pena máxima de 40 a 9 años de prisión: asimismo se le brindó el beneficio de que al cumplir la mitad de su condena, podría solicitar libertad condicional.
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Felipe Muñoz, quien en ese entonces era el subprocurador de la PGR, avaló el procedimiento abreviado justificando que con él se evitaría la impunidad al existir el riesgo de que se cayera el caso por cierta información bancaria que se obtuvo sin órdenes judiciales.
El mismo Javier Duarte promovió recursos en contra del procedimiento abreviado pues existían irregularidades tanto en la investigación como en la negociación.
Mientras que la FGR, bajo la administración de Gertz Manero, mantuvo total discreción con la investigación relacionada a estos hechos.
Incumplimiento con las víctimas
La abogada Estefanía Medina señaló que los funcionarios obstaculizaron el hecho de que las víctimas conocieran la indagatoria.
Además, Medina consideró que se incumplió con llevar a cabo la investigación: “Es evidente que hubo una trama de corrupción en este proceso y se requería de una indagatoria muy seria. Pero lo que hicieron fue encubrirse entre ellos al tiempo en que nos hicieron a las víctimas a un lado”.
