No hay obstáculos pero tampoco avances en caso Javier Duarte
México obtuvo del gobierno de Guatemala una orden de aprehensión en contra del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, por el delito de desaparición forzada.
Esta autorización era necesaria para poder procesarlo por un delito distinto al de corrupción.
Ya transcurrieron ocho meses desde que se obtuvo el permiso y el proceso penal contra el exgobernador no se ha llevado a cabo. No se ha podido cumplimentar la orden de detención ni la audiencia inicial.
Por su parte, la defensa de Duarte dijo que impugnará el proceso pues el caso se sostiene de pruebas falsas.
La Secretaría de Relaciones Exteriores comunicó que las autorizaciones para proceder contra Duarte por desaparición forzada se dieron así:
- Una respuesta parcial el 18 de diciembre del 2020
- La respuesta definitiva el 17 de marzo del 2021.
La SRE detalla en el oficio UDT-7573/2021 que el contenido de los documentos enviados por Guatemala se considera información reservada por cinco años, sin embargo es posible ver que el sentido de la respuesta es positiva:
“La Dirección General de Asuntos Jurídicos comunicó que las autoridades guatemaltecas correspondientes han otorgado al Gobierno de México el consentimiento para la Excepción a la Regla de Especialidad que permite que el señor Javier Duarte de Ochoa pueda ser juzgado por un delito diferente al que ocasionó su extradición”.
Hasta hoy no ha sido ejecutada la orden de aprehensión ni por agentes federales ni por el estado de Veracruz.
Al no tener el proceso en contra por desaparición forzada, Javier Duarte podría recuperar su libertad.
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¿Por qué no se ha puesto en marcha este proceso contra Duarte?
Si bien la FGR participó en la solicitud diplomática, la carpeta de investigación corresponde a la Fiscalía General del estado de Veracruz, por lo que es la autoridad responsable de ejecutar la orden de arresto y llevar a cabo el proceso.
La audiencia inicial resulta imprescindible para que el proceso pueda iniciar.
Desapariciones forzadas en Veracruz
Una jueza penal del estado de Veracruz giró una orden de aprehensión en contra de Javier Duarte en mayo del 2018 por su presunta responsabilidad en el delito de desaparición forzada. Esto después de que varios jóvenes fueron detenidos ilegalmente por policías estatales en el 2013.
Sin ninguna orden de aprehensión, los jóvenes fueron detenidos por policías estatales y llevados a la Academia de Policía de Xalapa; nunca los volvieron a ver.
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Las investigaciones arrojaron que participaron altos mandos de la Secretaría Pública Estatal, incluido Arturo Bermúdez, titular de la dependencia.
Además, las indagatorias establecieron que Luis Ángel Bravo, entonces fiscal del estado, había entorpecido la investigación para encubrir a los involucrados, por lo que fue detenido en junio del 2018.
Y aquí es donde Duarte se involucró; las indagatorias determinaron que fue él quien instruyó al fiscal a que no se informara sobre el número de víctimas encontradas, lo que entorpeció el esclarecimiento de los hechos:
“Se le atribuye (a Duarte) la calidad de autor intelectual en el caso ya que compelió al entonces fiscal General del Estado, Luis Ángel Bravo Contreras, a que servidores públicos desplegaran acciones que entorpecieron la investigación de la desaparición forzada de David Lara”, indica la Fiscalía.
