IMSS e INM, 1er y 3er lugar en violación de derechos humanos

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De acuerdo con un informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), el Instituto Mexicano del Seguros Social (IMSS) ocupa el deshonroso 1er Lugar en presuntas violaciones de derechos humanos, seguido del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social (OADPRS) quien ocupa el 2do Lugar, y el Instituto Nacional de Migración (INM) se encuentra en el 3er Lugar.

Es preciso informar que esta última dependencia del Gobierno Federal se encuentra en el ojo del huracán a raíz del incendio provocado en el que murieron 40 inmigrantes que pretendían llegar a Estados Unidos, suceso ocurrido en Ciudad Juárez, Chihuahua, y que evidenció tal posición en materia de violación a los derechos de las personas.

El informe de la CNDH, correspondiente al año 2022, menciona que el IMSS tuvo 3 mil 789 denuncias de violación de derechos humanos a los derechohabientes, mientras que el OADPRS tuvo 2 mil 679 y el INM 2 mil 241, denuncias de las que el organismo federal no precisó cuáles y cuántas fueron resueltas a favor de los mexicanos, ni tampoco, las sanciones interpuestas.

En 4to Lugar se posiciona el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) quien en 2022 tuvo 1 mil 258 violaciones y en 5to Lugar la recién creada Secretaría del Bienestar con 994 aparentes actos que atentaron contra los derechos de las y los mexicanos.

En más del informe, pero sin datos precisos de violaciones, se encuentran la Guardia Nacional, la Comisión Federal de Electricidad, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México y la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados.

¿Qué hace la CNDH?

Añadir que entre atribuciones que la CNDH tiene para proteger y defender los derechos humanos, destaca la de emitir recomendaciones a las autoridades responsables. Estas constituyen la más severa expresión de la labor de este Organismo Autónomo Público Federal.

Así como conciliar con las autoridades violatorias de derechos humanos con el fin obtener una solución en favor de las personas quejosas y/o agraviadas, al no tratarse de violaciones consideradas graves.

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Efrén Urrutia