Las exigencias de los desplazados en México
Polixtepec, Guerrero
Polixtepec es una comunidad de la sierra de Guerrero que pertenece al municipio de Leonardo Bravo, en la zona centro de la entidad.
Un convoy con más de 40 personas abrió fuego con todo a su paso: “Vamos a acabar con todos” gritaban los atacantes, según Carmen, una de las pobladoras de la comunidad.
La balacera se extendió hasta las dos de la madrugada.
Los peritos de la Fiscalía guerrerense llegaron dos días después.
Pobladores dicen que la razón del ataque fue que “los criminales querían la comunidad para ellos”.
Los que sobrevivieron, huyeron a comunidades cercanas.
El plantón
Algunos de esos desplazados han hecho un plantón en la Ciudad de México, frente a las instalaciones de la Secretaría de Gobernación desde el pasado 22 de septiembre.
También se encuentran los desplazados de otras comunidades, como Leonardo Bravo, El Balsamar y Tepozonalco.
Lo que exigen es:
- Que la CNDH reconozca a los desplazados como víctimas
- Que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) les proporciones ayuda humanitaria como recursos para tener una vivienda digna, atención a la salud y una educación de calidad para los hijos de los desplazados.
Mateo Moreno Pineda, desplazado de la comunidad Leonardo Bravo, dijo:
“No tenemos a dónde ir. Nadie nos atiende. Tenemos tres años de lucha y tres meses de estar en el plantón. Pero el gobierno hace caso omiso. Nos dieron solo la esperanza pero no el cumplimiento”.
Creación de una alianza nacional
El pasado 11 de noviembre, representantes de comunidades del sur, centro y norte del país que han padecido desplazamiento forzado como consecuencia de la violencia anunciaron la creación de una alianza nacional con organizaciones de la sociedad civil que buscará dar visibilidad a esta problemática.
Lo que se busca con esta alianza es que se apruebe una ley en materia de desplazamiento forzado; que se tipifique el delito y se vea a estas personas como víctimas.
Así lo explica Joaquina Cantor, desplazada de Zitlala, en Guerrero:
“Queremos que se nos reconozca como víctimas y queremos que el Estado nos provea de una vivienda digna porque en nuestras comunidades lo dejamos todo.
Nadie sale de su vivienda por gusto, sino por salvar la vida y la de los hijos y la familia. En nuestras comunidades, el crimen organizado saca a los niños de 12 años para que hagan trabajos forzados. Y eso el gobierno no lo está viendo. Al contrario, nos está criminalizando”.
