Suspenden amparo porque desaparecidos no acuden a ratificar
Virginia Garay no ha dejado de buscar a su hijo Bryan Eduardo Arias Garay de 19 años y quien desapareció el 6 de febrero del 2018 en Nayarit.
Al no tener avances en su caso, Virginia Garay junto a familiares de otros dos jóvenes desaparecidos pidieron a la Judicatura de Nayarit que se sumara a las labores de búsqueda presentando un “amparo buscador”.
Con respecto a este amparo, los jueces argumentaron que los jóvenes desaparecidos tenían que acudir para ratificar la demanda por lo que al no presentarse, suspendieron el proceso por un año.
“Es ilógico, les estamos pidiendo que los busquen, ¿y cómo van a ratificar ellos?”, dijo Virginia.
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Karla Quintana, titular de la Comisión Nacional de Búsqueda, escribió:
“No son casos aislados. Por ejemplo, existe un amparo vs la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa respecto del cual el juez tiene suspendido el procedimiento, pues no han ratificado la demanda. En otro caso, se apercibió a dos adolescentes migrantes desaparecidos a ratificar la demanda presentada a su favor”.
La queja por “ineptitud y descuido”
Después de que los jueces concluyeron que los desaparecidos debían acudir a ratificar el amparo promovido por sus madres, ellas interpusieron una queja administrativa en contra de la titular del Juzgado Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal, Laura Margarita Sepúlveda Castro así como contra Óscar Márquez Torres, secretario del Juzgado Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal ante el Consejo de la Judicatura Federal (CJF).
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En la queja, las madres buscadoras señalan que no solo se han tenido que enfrentar a la estigmatización, la falta de respuestas y obstaculización de las investigaciones sino que ahora las autoridades de Nayarit han tomado una decisión que demuestra “notoria ineptitud y descuido”:
“Exigir que una persona desaparecida ratifique una demanda para buscarse a sí misma no solo es absurdo, sino que contraviene la urgencia de cumplir con las obligaciones de búsqueda de manera rápida y efectiva.
Las decisiones de las personas juzgadoras referidas negaron a nuestros hijos desaparecidos forzadamente y a nosotras la protección constitucional violando diversos derechos humanos, empezando por el derecho a ser buscados, a la verdad y a la justicia”.
