Por jubilación irregular, investiga DIF Vallarta a aspirante a la alcaldía de Cabo Corrientes

El DIF Municipal de Puerto Vallarta tiene un procedimiento abierto contra Esmeralda Urrutia Romero, por su presunta jubilación irregular, pues solo hay evidencia de que laboró 10 años y no los 20 mínimos que necesitaría para pensionarse. Ella es la esposa del exlíder sindical caído del Ayuntamiento de Puerto Vallarta Gilberto Lorenzo y acaba de registrarse como aspirante a la alcaldía de Cabo Corrientes.

Urrutia Romero fue jubilada en julio del 2021, pero de acuerdo con su expediente laboral habría entrado durante la administración de Ramón Guerrero Martínez, “El Mochilas” en 2012, por lo que ni siquiera cumpliría 10 años. En el caso del Ayuntamiento, no existe evidencia de que ahí haya trabajado.

Por lo anterior, el órgano de control de DIF Municipal tiene un proceso abierto y sigue investigando el tema de su jubilación, que se realizó dos meses antes que terminara la administración de Arturo Dávalos. Gilberto Lorenzo fue regidor en su primer periodo, del 2015 al 2018.

A ello se le suma que no presentó su declaración patrimonial como marca la ley y de lo cual se le ha requerido en varias ocasiones. Además, el DIF Vallarta le ha retenido sus cheques y no ha ido a firmar su nómina de jubilada.

Fue una de las privilegiadas al subir su sueldo antes de iniciar el trienio de Luis Michel y recibe 742 pesos diarios, lo que suma más de 22 mil pesos al mes.
A pesar de lo anterior, Movimiento Ciudadano sigue cobijando a su familia, pues en sus gobiernos fueron ampliamente beneficiados e inclusive, la semana pasada estuvieron junto al precandidato de MC a la gubernatura, Pablo Lemus, quien estuvo de gira en Cabo Corrientes. Y es que Esmeralda Urrutia se registró como aspirante a la alcaldía.

Cabe recordar que Gilberto Lorenzo tuvo que ceder la secretaría general del Sindicato del Ayuntamiento de Puerto Vallarta a Lucía Curiel en marzo del 2022, tras el escándalo que se desató porque cobraba doble ante el mismo patrón, lo cual es un delito y por lo cual el Instituto de Pensiones de Jalisco (Ipejal) le exigía de regreso 3.5 millones de pesos que cobró indebidamente al recibir 81 mil pesos de su jubilación en octubre del 2017, pues a la par ganaba 67 mil pesos como chofer “tipo A” del Ayuntamiento, pero sin trabajar.

AT