Muerte de estudiante de Ayotzinapa fue un abuso de autoridad, dice López Obrador

"Hubo un abuso de autoridad (...). No disparó el joven", afirmó López Obrador durante la "Mañanera" de este lunes
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El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador dijo este lunes que la muerte de un estudiante de la escuela normal de Ayotzinapa en un incidente con la policía fue un caso de abuso de autoridad, y que no se protegerá a los responsables del crimen.

El incidente, ocurrido el jueves pasado, fue reportado por autoridades de seguridad del estado de Guerrero (sur) como una “agresión” con “disparos de arma de fuego” por parte de dos estudiantes que viajaban en una camioneta robada, que al ser repelida por policías acabó con la muerte de uno de los jóvenes y la detención del otro, que además resultó herido.

“Hubo un abuso de autoridad (…). No disparó el joven”, afirmó López Obrador durante su rueda de prensa matinal, donde reiteró que la investigación es conducida por la fiscalía general mexicana, que reclamó el caso de jurisdicción estatal a pedido del Ejecutivo.

“No vamos a permitir ninguna injerencia, tentación de querer proteger a los responsables”, agregó el mandatario, quien detalló que los policías que participaron de la agresión ya se encuentran detenidos en Guerrero.

El asesinato del estudiante Yanqui Rothan Gómez, de 23 años, ocurrió un día después de que manifestantes que exigían justicia por la desaparición de 43 estudiantes de la escuela de Ayotzinapa en 2014 derribaron una puerta del palacio presidencial de Ciudad de México en momentos que López Obrador ofrecía su conferencia diaria.

Los encapuchados, que utilizaron una camioneta para asaltar el recinto presidencial, no pasaron del vestíbulo del lugar.

La protesta exigía que los padres de los desaparecidos fuesen recibidos por López Obrador.

Según las investigaciones, la desaparición de los 43 estudiantes, ocurrida en la ciudad de Iguala (Guerrero) y perpetrada por criminales en colusión con policías, fue posible debido a la acción y omisión en sus funciones de diversas autoridades, así como de miembros del ejército mexicano.

El caso es considerado una de las peores violaciones de derechos humanos cometidas en México, que acumula unos 450.000 asesinatos y más de 100.000 desaparecidos desde 2006, atribuidos en su mayoría al crimen organizado.

jb