Megaoperativo Nuevo Nayarit la huella del fracaso y la incertidumbre inmobiliaria
En abril de 2022, el Gobierno de Nayarit anunció con “bombo y platillo” el inicio del Megaoperativo Nuevo Nayarit, una redada que prometía recuperar el patrimonio del Fideicomiso de Bahía de Banderas (FIBBA). Según el gobernador, Miguel Ángel Navarro Quintero, este patrimonio habría sido repartido entre el exgobernador Ney “N” y algunos de sus colaboradores cercanos.
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La cara visible del proyecto fue el jefe jurídico del Gobierno de Nayarit, Gabriel Camarena Morales, quien comparó las acciones llevadas a cabo en la última década dentro del fideicomiso “con las de la mafia siciliana y la Camorra”.
El operativo buscaba recuperar un patrimonio inmobiliario valuado en 21,657 millones de pesos entre Compostela y Nuevo Vallarta, cifra que luego se ajustó a 33,000 millones. En total, se esperaba recuperar más de un millón de metros cuadrados en ambas zonas, incluyendo cerca de 50 inmuebles, la mayoría en Bahía de Banderas.
Todo esto bajo la promesa de “devolver al pueblo lo robado” e invertir en infraestructura para reducir el rezago social del estado.
Los operativos comenzaron bajo la dirección de la Fiscalía General de Nayarit, encabezada por el entonces subfiscal Rodrigo Benítez Pérez, quien ahora es magistrado. Con apoyo de la Policía Estatal, se desplegaron varias redadas en 2022 y 2023 en áreas como Nuevo Vallarta, La Cruz de Huanacaxtle, Sayulita, Lo de Marcos, y zonas de playa en Compostela, incluyendo Las Varas y La Peñita.
Se aseguraron condominios completos, residencias, esteros, restaurantes, supermercados, áreas en comodato, estacionamientos y terrenos cerca de las playas.
La debacle del Megaoperativo Nuevo Nayarit
Sin embargo, los amparos de los afectados no tardaron en llegar, y las familias, empresarios y el sector inmobiliario que se sentían asediados por el Gobierno de Nayarit y la Fiscalía presentaron recursos ante instancias federales. Estos amparos fueron ganados uno a uno, liberando las propiedades.
Al final, las autoridades sólo conservaron algunos terrenos descuidados en comodatos y espacios de estacionamiento del gobierno, lejos de las propiedades particulares que se exhibían en cada conferencia de prensa.
En su segundo informe de gobierno, Navarro Quintero reportó de manera preliminar haber recuperado 23 inmuebles en Bahía de Banderas, con una superficie de 1,216,322.20 metros cuadrados y un valor de 4,565 millones de pesos, que ahora se ofrecen a empresas transnacionales como parte de un fondo soberano, es la única información que se tiene del resultado del mismo.
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A nivel financiero, de los 33 mil millones de pesos proyectados, sólo se recuperó el 14%. Este proceso dejó incertidumbre en el sector inmobiliario, con inversionistas de Estados Unidos y Canadá preocupados por lo que consideraban una “persecución inmobiliaria”, situación que frenó la inversión y la compra de propiedades.
Para 2024, el saldo de este megaoperativo es una industria inmobiliaria afectada, una inversión extranjera ahuyentada y un escenario de desconfianza en la entidad, considerado por muchos como uno de los mayores fracasos del gobierno actual y un golpe a la credibilidad del estado.
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