Lideresa del SUTSEM investigada por enriquecimiento ilícito
Luego de que el pasado viernes se inició el aseguramiento de inmuebles propiedad de la líder del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado, Municipios e Instituciones Descentralizadas de Carácter Estatal de Nayarit (SUTSEM), Águeda Galicia Jimenez, la Fiscalía General de Nayarit, informó que se aseguraron 31 inmuebles tanto en la capital del estado y la zona costera sur.
El fiscal del Estado, Petronilo Díaz Ponce, explicó que de lo recuperado hasta el momento, 22 de las propiedades están a nombre de Águeda Galicia Jimenez, como persona física y 9 a nombre del SUTSEM como persona moral. Al presentarse una denuncia ante la Fiscalía por parte de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Local Anticorrupción de Nayarit (SESLAN) por el delito de enriquecimiento ilícito y los que resulten.
Se tienen localizados y asegurados casas de campo, oficinas administrativas, entre otros, en los municipios de Tepic, Xalisco, zona turística de San Blas, Santa Maria del Oro, en los poblados de Mazatán, Rincón de Guayabitos y la Peñita de Jaltemba en el municipio de Compostela; hasta el momento se desconoce el monto y extensión de los predios que se cuentan por hectáreas.
La investigación se centra en la incongruencia de lo que percibe la lideresa por su función en el sindicato y cargos desempeñados, en relación con sus bienes adquiridos es decir, tiene más de lo que percibe, por lo que al seguir investigando se presume que se puede incurrir en un delito de corrupción y se ordenó el aseguramiento.
“De estos mismos actos de investigación y de los informes que estuvimos solicitando a las distintas autoridades, en materia financiera tributaria estatales y federales, nos empezaron a proporcionar una serie de datos que al momento de hacer la ponderación entre los ingresos recibidos por los servicios prestados por la lideresa y el patrimonio, resultaba una gran incongruencia”, reveló.
Díaz Ponce, hizo el llamado a que no se tomen estas acciones como acciones autoritarias por parte de la Fiscalía y el Gobierno de Nayarit, sino que es parte del proceso judicial para determinar su responsabilidad en los delitos que se le señalan, todo esto apegado al estado de derecho.
“Se trata de un haber patrimonial desproporcionado en cuanto a los ingresos y a la capacidad que se tiene como servidor público para adquirir bienes de esa naturaleza. En la carpeta de investigación lo que nosotros vamos a ponderar esa misma capacidad y determinar en su momento si se determina la responsabilidad o no”, agregó.
Adelantó que pudieran existir más personas involucradas en esta investigación, al parecer miembros del SUTSEM y también se está siguiendo el dinero de transacciones hechas por el Gobierno de Nayarit y se utilizó para fines personales de la lideresa y otros más.
