Inconstitucionalidad de reforma a ley del registro público de la propiedad de Nayarit

Vulnera la garantía de acceso a la información que tienen todos los ciudadanos y sienta un grave precedente de opacidad
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Fernando Castro

En la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX), se consideró que la reforma a la Ley del Registro Público del Estado de Nayarit, que restringe su acceso para que sólo puedan las personas que demuestren un interés jurídico para obtener detalles sobre actos inscritos, tiene visos de inconstitucionalidad, pues vulnera la garantía de acceso a la información que tienen todos los ciudadanos y sienta un grave precedente de opacidad.

El artículo sexto de la Constitución establece que el derecho a la información será garantizado por el Estado. Por su parte, la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública señala que toda la información en posesión de entidades públicas es pública y sólo puede ser reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional.

La reforma aprobada por el Congreso de Nayarit el pasado 2 de mayo va en contra de estos principios al restringir innecesariamente el acceso a la información sobre la propiedad inmobiliaria, un recurso crucial para la fiscalización y la transparencia.

Cabe destacar que el Código Civil Federal y los códigos civiles de los estados establecen que los registros de la propiedad tienen como uno de sus fines principales garantizar la publicidad de los actos que afectan la situación jurídica de los inmuebles, para seguridad jurídica de actos y contratos. Al restringir el acceso a estos registros sólo a ciertas partes interesadas, podría interpretarse como una limitación no justificada a este principio de publicidad y seguridad jurídica.

El 27 de mayo de 2024, la Consejera Jurídica del Poder Ejecutivo Federal, María Estela Ríos González, interpuso una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en contra del decreto que quita publicidad al Registro Público de la Propiedad de Nayarit.

Según la Consejera Jurídica del Gobierno de México, las disposiciones impugnadas contravienen la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Específicamente se impugna lo siguiente: La derogación de la porción normativa por lo que cualquier persona podrá consultar y solicitar, se le muestren los asientos registrales de la fracción VIII del artículo 6 de la Ley del Registro Público del Estado de Nayarit.

Además, el Gobierno de México también impugna la adición de un tercer párrafo al artículo 2 de la Ley del Registro Público del Estado de Nayarit que, exige que el consultante demuestre interés jurídico. Para consulta, trámite y expedición de los actos inscritos en el Registro Público de la Propiedad, el solicitante, deberá acreditar su interés jurídico para obtener la información respecto de dichos actos.

La ministra Piña Hernández ordenó la formación y registro del expediente físico y electrónico, y dispuso que se habiliten los días y horas necesarios para la notificación del proveído, conforme al Código Federal de Procedimientos Civiles.

La SCJN deberá revisar y determinar si dichas disposiciones encabezadas por el gobernador nayarita, deben ser invalidadas por su posible inconstitucionalidad.

Dentro de la reforma se crea una herramienta relativa a la alerta registral, la cual, ya funciona en estados como Jalisco. Esta herramienta avisa al titular registral cuando hay movimientos en alguna de sus propiedades inmobiliarias. Es decir, les informará cuando se realicen acciones que afecten el estatus jurídico de sus inmuebles, permitiéndoles estar al tanto y emprender acciones, en caso de detectar algún acto no reconocido, fraudulento o falsificación de documentos.

Por ello, aquellas personas que no puedan acreditar interés jurídico no podrán obtener la información solicitada. Por ejemplo, oficinas de buró de crédito, notarios, bancos, despachos legales, acreedores alimenticios, entre otros.

Las modificaciones al Registro Público de la Propiedad de Nayarit se dieron en medio de señalamientos en contra del gobierno del estado respecto a presuntos abusos y despojo de bienes, principalmente en la zona de playa de Bahía de Banderas y Compostela.

 jb

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