Guardia Nacional militarizada

No dejan de ser curiosos los argumentos del presidente López Obrador para mantener la militarización de la Guardia Nacional
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Fernando Castro

López Obrador ha dicho que la Policía Federal se corrompió bajo Genaro García Luna, pero los militares también han tenido serios casos de corrupción. El general José de Jesús Gutiérrez Rebollo, comandante del Instituto Nacional para el Combate a las Drogas, fue detenido en 1977, procesado y encontrado culpable de colaborar con el narco. Lo sustituyó un civil, Mariano Herrán Salvatti.

No dejan de ser curiosos los argumentos del presidente para mantener la militarización de la Guardia Nacional. Si esa institución se deja en la Secretaría de Seguridad Pública, se va a echar a perder; pero si depende de una secretaría como la Defensa, que tiene una tradición de formación a sus elementos, tiene colegios, hay doctrina, profesionalismo, disciplina, hay garantía de que no se corrompa. Parece una descalificación de su propia secretaria de seguridad pública, Rosa Icela Rodríguez, o de quien la reemplace.

Se vale cambiar de opinión, pero estoy convencido de que López Obrador tenía razón en 2010 o 2012 y no hoy. Preocupa, por otra parte, que la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum, haya respaldado la iniciativa que dejaría el mando de la Guardia Nacional de manera permanente en manos de la Secretaría de la Defensa. Esto es militarizar la seguridad pública, dígase lo que se diga.

Claudia Sheinbaum anunció una reforma constitucional significativa que busca transferir operativa y administrativamente la Guardia Nacional a la Secretaría de Defensa Nacional (SEDENA) a partir del 1 de octubre de 2024. Esta decisión, presentada el 23 de junio, modifica la naturaleza civil de la Guardia Nacional, cambiándole a una institución militar.

La iniciativa ha generado preocupación sobre la participación de los militares en ámbitos de la vida civil y la posible violación del principio de separación de poderes y la independencia judicial. Algunos temen que las Fuerzas Armadas no rindan cuentas adecuadamente, especialmente en investigaciones donde esté involucrado personal militar.

En este contexto, los opositores han llamado a la próxima presidenta y al Congreso a reconsiderar la iniciativa, argumentando que podría erosionar las obligaciones internacionales de México y transformar radicalmente la estructura de seguridad pública del país.

Amnistía Internacional y el colectivo #SeguridadSinGuerra han manifestado preocupación por el uso de militares en tareas de seguridad pública en México. Desde 2006, la estrategia militar no ha logrado reducir el tráfico de drogas ni la violencia, y ha tenido un impacto negativo en los derechos humanos.

La principal crítica se refiere a la militarización de la Guardia Nacional (GN), operada por militares “comisionados”. Se argumenta que la seguridad pública debe estar a cargo de las policías civiles, mientras que el rol de las fuerzas armadas debería limitarse a proteger al Estado de amenazas externas. Actualmente, los militares han desplazado a las policías civiles a nivel federal, y líderes ex militares ocupan puestos clave en diferentes niveles.)

Información alarmante muestra que al menos seis de las catorce sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) contra México involucran violaciones perpetradas por militares, incluyendo tortura, violencia sexual, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales. Según Amnistía Internacional, esta situación viola tanto el orden jurídico mexicano como las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos de México.

Ambas organizaciones insisten en la necesidad de que la próxima administración federal implemente un plan de desmilitarización y establezca mecanismos de supervisión eficaces sobre las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública, que estarían bajo la autoridad civil y solo en situaciones excepcionales y temporales. Además, destacan la importancia de fortalecer y dignificar el trabajo de las policías civiles.

Los defensores de derechos humanos subrayan que las políticas de seguridad deben enfocar a la protección de las personas y el respeto a los derechos humanos, contrario a la militarización. La seguridad ciudadana es el objetivo esencial.

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