En la mira 4 exdirectores de Seapal por “daños” al organismo
La Fiscalía Anticorrupción de Jalisco reviró que no es omisa y que cuenta con una carpeta de investigación que está en su etapa inicial. Mientras tanto el ayuntamiento pide que se fiscalicen las cuentas de Seapal Vallarta del 2014 al 13 de marzo del 2020, años en los que el difunto exgobernador Aristóteles Sandoval y su sucesor Enrique Alfaro nombraron a cuatro directores.
Al solicitar información sobre la denuncia interpuesta por el Ayuntamiento de Puerto Vallarta, la Fiscalía Anticorrupción contestó que su titular daría entrevistas hasta la próxima semana, pero adelantaron que la investigación se encuentra en su etapa inicial.
La denuncia fue presentada la primera vez el 01 de septiembre del 2020 por el entonces director de Seapal, Santiago de Jesús Centeno Ulín, por órdenes de Arturo Dávalos Peña, quien era alcalde en ese momento, pues pasó a tener el control del organismo operador del agua tras su municipalización en marzo del 2020.
Ahora, en la administración de Luis Michel Rodríguez, el síndico Juan Carlos Hernández Salazar volvió a presentar la denuncia ante la Fiscalía en este mes, tras señalarlos de omisos, por lo que envió copias al Congreso de Jalisco, para que inicie juicios políticos contra los responsables de los daños en la infraestructura de Seapal, además de a la Cámara de Diputados y el Senado de la República.
Hernández Salazar pidió fiscalizar las cuentas desde 2014 hasta el 13 de marzo del 2020, fecha en que se municipalizó el organismo por resolución de la Suprema Corte de Justicia. En ese lapso son cuatro los directores los que estuvieron al frente y que tendrían responsabilidades si es que el Ministerio Público asignado encuentra datos de prueba: por un lado, César Abarca y Andrés González Palomera, durante el sexenio del ya fallecido exgobernador Aristóteles Sandoval; y desde diciembre del 2018 el mandatario estatal Enrique Alfaro nombró a Javier Rojas y de ahí le siguió Antonio Juárez Trueba.
“No conozco a plenitud los detalles, pero desde mucho tiempo atrás se sabía que había un desfalco en la dependencia, cualquier situación que lleve al desvío de recursos en cosas tan dignas como es el agua o servicios públicos en general nos merece repudio. Tengo confianza en que el síndico es minucioso y no está dando un paso a ciegas. La demanda es de justicia y recuperar un recurso en beneficio de la sociedad. Estamos a favor que se aplique la justicia”, refirió el regidor Pablo Ruperto Gómez Andrade, coordinador de la bancada de Morena en el Ayuntamiento de Puerto Vallarta.
La indemnización que exige Puerto Vallarta al Gobierno Estatal es por 2 mil 391 millones de pesos por daños a su hacienda pública al no dar cuentas claras tras la municipalización.
