El problema de la prohibición
Calíope
La semana pasada el Congreso de Oaxaca prohibió la venta de alimentos y bebidas envasadas a los niños, después de fuertes críticas del subsecretario López-Gatell respecto de los hábitos de consumo de niños y adolescentes.
Esta medida con seguridad será imitada en otros estados, BCS por ejemplo, y habrá quien quiera llevarla a nivel federal. Dicha iniciativa generó un debate interesante sobre lo correcto, acertado y oportuno de la medida.
Quienes defienden la iniciativa de prohibición hablan de una legislación de avanzada que protege la salud pública. Quienes están en contra dicen que no se resolverá ningún problema real, como el de la obesidad, y pondrá en riesgo la economía de la región.
El analista Alejandro Hope considera tres puntos para reflexionar sobre el asunto: primero, es falso que las prohibiciones no alteran el comportamiento de los consumidores: al reducir la disponibilidad del producto, éste se encarece y, por tanto, disminuye su consumo.
Segundo, las prohibiciones necesitan ser respaldadas con un presupuesto estatal para garantizar la aplicación de la ley: se necesitan inspectores que velen por el cumplimiento de la norma y de ciertos dispositivos de control, además de que se generan mercados negros y en ocasiones violencia.
Tercero, dado lo anterior es necesario hacer un análisis costo-beneficio: la prohibición de un producto se justificaría si su beneficio social es mayor que los costos que impone y la prohibición debería ser en términos prácticos la mejor opción entre muchas otras.
En este sentido las dos posturas tienen razón: por un lado, la prohibición de la ley es para la compra de estos productos, no para su consumo.
La norma le deja esa responsabilidad a los padres, quienes siempre han sido los primeros interesados en la salud de los niños, sólo que ahora el Estado lo considera
problema de salud pública e interviene. Por otro lado, es cierto que la ley es parcial (no toda la comida chatarra será prohibida, sólo la empaquetada), que no terminará con el problema de fondo (el problema no son los productos, sino la forma en la que nosotros los consumimos, es decir que los comemos sin medida y a veces en contra de opciones más saludables) y que impactará en el bolsillo de muchas familias que se dedican a las misceláneas.
Entonces el problema de fondo es el de los límites del Estado para regular la vida social y económica.
¿Hasta dónde puede y debe llegar la acción del Estado para regular la comida chatarra, si es un problema de salud pública? Y si es así, entonces ¿se aplica el mismo criterio para la despenalización del aborto? ¿o de las drogas?
En fin, el problema es el de una concepción del Estado, sus facultades y demarcaciones, frente a otras nociones de lo que el Estado debería hacer o de hasta dónde debería llegar.
