Condenan con 90 años a militares asesinos de estudiantes del Tec de Monterrey

La justicia llegó para los familiares de dos jóvenes de Nuevo León, 13 años después del atroz y cobarde asesinato
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Estudiantes asesinados en Nuevo León

Después de más de 13 años de un crimen que conmocionó a México, un juez en el estado de Nuevo León ha dictado una sentencia condenatoria de 90 años de prisión en contra de cinco de los seis soldados del Ejército Mexicano que participaron en el asesinato de los estudiantes del Tecnológico de Monterrey, Jorge Antonio Mercado Alonso y Javier Francisco Arredondo Verdugo.

La ejecución extrajudicial de estos dos jóvenes se produjo en la madrugada del 19 de marzo de 2010, justo en las afueras de la prestigiosa institución educativa. En ese momento, el Ejército mexicano presentó a los estudiantes como sicarios armados, lo que más tarde se demostró ser una versión falsa de los hechos.

El 19 de marzo de 2019, el Gobierno mexicano finalmente admitió la inocencia de los jóvenes y reconoció que habían sido asesinados y revictimizados. La entonces titular de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, ofreció una disculpa pública a las familias de las víctimas.

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Rosa Elvia Mercado, madre de Jorge Antonio, expresó su alivio y satisfacción ante la sentencia condenatoria:

“No podemos decir que ya terminó, sí lo vemos como una victoria porque para nosotros es una victoria que un juez determine que los militares asesinaron a Jorge y a Javier porque nosotros lo decíamos”.

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El caso ha sido llevado por dos jueces a lo largo de los años, y finalmente, fue José Reynoso Castillo, titular del Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el estado de Nuevo León, quien dictó la sentencia por el delito de homicidio calificado con agravante de ventaja.

La madre de Jorge Antonio destacó la importancia de esta sentencia, que impone 90 años de prisión a cada uno de los militares involucrados en los trágicos sucesos. Cinco de ellos se encuentran en prisión, mientras que un sexto está desaparecido y se sospecha que ha fallecido.

“Para nosotros, esta sentencia significa muchísimo, sabemos que la máxima son de 60 años, pero el juez así lo consideró”, subrayó Rosa Elvia Mercado.

A pesar de la sensación de justicia parcial que ha brindado esta sentencia, aún quedan preguntas sin respuesta en torno al caso. Los familiares y sus representantes legales están investigando delitos adicionales, como el robo de identidad, abuso de autoridad y exceso de fuerza.

Luis Echeverría, miembro del colectivo #TodosSomosJorgeyJavier, enfatizó que la sentencia representa un paso hacia la verdad, pero existen interrogantes sobre la cadena de mando y quién dio la orden a los soldados ese día. También se cuestiona si es justicia encarcelar a quienes ejecutaron las órdenes, mientras quienes las dieron permanecen en libertad.

Las familias y sus representantes legales continuarán supervisando que la sentencia cumpla con las obligaciones del Estado en materia de derechos humanos y estándares internacionales, considerando la reparación integral de sus derechos para las familias de las víctimas.

Efrén Urrutia