Cámaras de videovigilancia serían instaladas en zonas limítrofes de Jalisco
En el marco de una reunión interestatal entre gobernadoras, gobernadores y mandos territoriales de Guanajuato, Colima, Jalisco y Michoacán, se acordó reforzar la seguridad en las fronteras comunes mediante la instalación de nuevas cámaras de videovigilancia. La estrategia busca mejorar la coordinación regional frente a amenazas compartidas y mantener un monitoreo constante en zonas de riesgo.
El proyecto forma parte del fortalecimiento del sistema Escudo Urbano C5, que contempla una inversión superior a los seis mil millones de pesos. Esta infraestructura permitirá ampliar la cobertura de vigilancia en tiempo real, mediante tecnología de punta y sistemas interconectados; según señaló el coordinador general Estratégico de Seguridad, Roberto Alarcón Estrada.
Según las autoridades estatales, las nuevas cámaras de videovigilancia se sumarán a las más de seis mil que ya operan en todo el estado. Se contempla la instalación de arcos carreteros equipados con sensores y tecnología de reconocimiento para detectar vehículos con reporte de robo o actividades sospechosas.
Además, se analiza la posibilidad de construir un nuevo centro C5 en Guadalajara. El actual, ubicado en la zona de El Palomar, ha resultado poco funcional, por lo que se estudia una nueva sede en la zona baja del municipio, lo que permitiría una operación más eficiente y segura.
Las cámaras estarán ubicadas estratégicamente en municipios colindantes y carreteras principales, con el objetivo de monitorear en tiempo real la movilidad entre estados, detectar riesgos potenciales y responder de manera inmediata ante cualquier situación.
Aunque recientemente se han registrado hechos violentos en municipios como Teuchitlán, Teocaltiche y Villa Hidalgo, las autoridades insisten en que la imagen internacional del estado se mantiene positiva. Se reitera el compromiso institucional de recuperar la paz y reforzar la presencia operativa en zonas conflictivas.
La estrategia de videovigilancia representa un avance en la política de seguridad pública regional, al fomentar la interoperabilidad tecnológica y la cooperación entre entidades. Esto permite generar una red compartida de información clave para el combate al crimen organizado.
