Calíope
Los dos planes
La semana pasada, el presidente López Obrador presentó dos planes con los que el gobierno enfrentará la crisis económica que viene con la crisis sanitaria provocada por el coronavirus. Primero, anunció un documento que envió a la Secretaría de Gobernación y a la Consejería Jurídica del Ejecutivo para publicar los lineamientos en el Diario Oficial de la Federación.
Entre las medidas anunciadas están el no despido de personal de las dependencias del Ejecutivo, pero sí la suspensión de nuevas contrataciones; a los servidores públicos de más alto rango se les reducirá su salario en 25% y no recibirán aguinaldo, incluso en contra de sus derechos laborales; dejará de ejercer el 75% de servicios generales y suministros, esto es, dejarán de contratar proveedores gubernamentales con los que opera el gobierno; finalmente desaparecerán 10 subsecretarías, pero reubicarán al personal para no pagar la edificios, vehículos e inmuebles. Lo que se ahorre será canalizado para enfrentar la crisis económica
Y hasta ahí su plan de austeridad, sólo recortes a lo que ya había. Lo que no va a tocar son los programas y proyectos prioritarios: pensión a adultos mayores y personas con discapacidad, becas para mujeres trabajadoras y las “Benito Juárez”, la construcción de 100 universidades públicas, programas “la escuela es nuestra” y “Jóvenes construyendo el futuro”, entre otras. La Guardia Nacional, las construcciones del nuevo aeropuerto, la refinería de Dos Bocas y el Tren maya continúan. AMLO dijo que estas medidas protegerán al 70% de las familias mexicanas, equivalente a 25 millones de hogares
El segundo plan lo anunció el sábado y consta de diez puntos con los que pretende apoyar a las clase media y a las grandes corporaciones: que no haya corrupción, bajar gasto del gobierno, garantizar libertades, estado de derecho, paz con justicia, no aumentar impuestos, no subir combustibles, bajar tasas de interés, más inversión en obras y aprovechar el T-MEC. O sea nada, por lo menos nada nuevo o que no haya dicho desde que estaba en campaña y que implementó desde el primer día de su gobierno.
Sin embargo estas medidas (que no son propias de la actual crisis, sino que son anteriores a la pandemia, es decir que esos recursos fueron asignados previamente basándose en padrones realizados con anterioridad) son insuficientes para el tamaño del problema que se avecina.
En el estudio de Guillermo Cejudo y Natalia Torres, publicado en Animal Político el 15 de abril, se advierte que cerca de 69 millones de mexicanos caerán en la pobreza debido a que la crisis impactará a las personas que viven al día y que actualmente no perciben ingresos.
Esta situación se agravará con la crisis, pues de los 52.4 millones de personas que vivían en pobreza antes de la pandemia, cerca del 60% no recibe apoyos gubernamentales. A estos números hay que sumarle los que se incorporarán en los próximos meses. El dinero que está pensado, destinado y reorientado no alcanzará.
Este es el momento para ampliar la inversión pública, para garantizar algo de seguridad económica para todos, no para recortar. Es momento de replantear la política social, una que funcione y que no sea el asistencialismo de compra de votos. México necesita de más Estado, no menos.
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