FGR concluye que Lozoya se benefició con sobornos
La Fiscalía General de la República (FGR) concluyó que los sobornos por más de diez millones de dólares que Odebrecht pagó en México fueron solo para beneficio del exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin.
Una de las cosas que adquirió con estos recursos fue una casa en Ixtapa, Zihuatanejo.
Estos sobornos fueron hechos para que la constructora Odebrecht se favoreciera con adjudicaciones directas para la obra en la refinería de Tula.
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Lozoya ha asegurado que el dinero fue destinado a sobornar legisladores con la finalidad de agilizar la reforma energética. Sin embargo, las 59 pruebas están enfocadas en confirmar que Lozoya y familiares fueron los únicos beneficiarios de estos sobornos.
Es por ello que la FGR solicita una pena que supera los 46 años de prisión por los delitos de lavado de dinero, cohecho y asociación delictuosa, además de una multa de 87 millones de pesos, seis millones de dólares por reparación del daño y entregar el departamento en Ixtapa.
Sobre Gilda Susana Austin, madre de Emilio Lozoya, los fiscales solicitan 23 años de prisión y una multa de 262 mil pesos.
Teoría del caso
El fiscal Kristian Jiménez Hernández expuso al juez que la carpeta de investigación FED/SEIDF/CGI-CDMX/0000117/2017 señala que la constructora Odebrecht, a través de “División de Operaciones Estructuradas”, transfirió recursos millonarios a Lozoya a cambio de beneficiarlos con contratos.
La primera parte de los pagos fue por cuatro millones de dólares, y se transfirió entre abril y junio del 2012. Lozoya asegura que el dinero estaba destinado a la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto.
Odebrecht otorgó los recursos a través de la empresa fantasma Innovation Research Engineering, que lo envió a una compañía llamada Latin American Asia Capital Holding. Los beneficiarios de esta compañía son Emilio Lozoya y su hermana, Gilda Susana.
Como era de esperarse, en noviembre se generó una alerta antilavado que bloqueó la cuenta de Latin American, por lo que Lozoya dio la instrucción de que las transferencias se hicieran a una empresa llamada Tochos Holding, donde su hermana era beneficiaria.
En el 2013, los brasileños confirmaron una alianza con la empresa Construcciones Tapia, recomendada por Lozoya, para obtener contratos relacionados con la refinería de Tula.
Lozoya propuso a la constructora influir sobre el Consejo de Administración de Pemex para lograr la adjudicación directa a cambio de seis millones de dólares; dos millones para iniciar negociaciones y los cuatro restantes se entregarían solo de existir adjudicación.
Los pagos se hicieron a la empresa Zecapan S.A., también vinculada a Emilio Lozoya.
Finalmente en el 2014, Odebrecht obtuvo el contrato PXR-OP-SILN-SPR-CPMAC-A-4-14 que se conoce como Tula I. Este contrato tuvo sobreprecios de más del 300 % y pérdidas por 950 millones de pesos.
También identificaron una transferencia de 185 mil dólares desde Tochos Holding a una cuenta de BBVA Bancomer a nombre de Gilda Margarita Austin, madre de Lozoya:
“Todo esto con la finalidad de ocultar el origen de tales recursos, omitiendo las declaraciones fiscales correspondientes ante el Servicio de Administración Tributaria”.
Las pruebas
Los fiscales presentaron 59 pruebas documentales, periciales y testimoniales.
La Fiscalía propuso testigos de los cuales destacan siete exfuncionarios, entre ellos Marcelo Bahia Odebrecht, expresidente de la compañía Norberto Odebrecht, y el exjefe de la División de México de la constructora brasileña, Luis Alberto de Meneses.
Todos los testigos confirmaron la forma en cómo se entregó el dinero a Emilio Lozoya.
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Los demás testigos son funcionarios de la UIF, Pemex y de la Secretaría de la Función Pública que participaron tanto en la denuncia como en la investigación.
Entre las 19 pruebas documentales se encuentran los registros bancarios de las transferencias que se hicieron a empresas fantasma vinculadas a Lozoya y familia, así como los documentos sobre la adquisición del inmueble en Ixtapa.
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