Vinculan a proceso a exfuncionarios de Puerto Vallarta por corrupción

Este jueves, el Juzgado de Control y Oralidad de Puerto Vallarta vinculó a proceso a Rafael “N” y Lucio “N” por presuntos delitos de abuso de autoridad, uso ilícito de atribuciones y facultades. Además, a Lucio “N” se le imputa el delito de peculado. Ambos se desempeñaron como Oficiales Mayores Administrativos en la pasada administración municipal.

Las acusaciones

El caso está relacionado con la contratación de Galilea Guadalupe “N” como abogada del Ayuntamiento, a pesar de no contar con cédula profesional. Además, se le pagaron vacaciones antes de que le correspondieran y se le otorgó sueldo íntegro sin descuentos, a pesar de registrar reiteradas inasistencias.

Durante la audiencia, la defensa de Lucio “N” presentó nuevos datos de prueba, argumentando que la contratación inicial de Galilea “N” fue responsabilidad de su antecesor, Rafael “N”. También señaló que el pago indebido de sueldo y vacaciones era responsabilidad de otras áreas administrativas.

A pesar de estas declaraciones, el juez Luis Daniel Canales González determinó que Lucio “N” tenía la obligación de verificar la nómina y que reincidió en otorgarle un nombramiento ilegal.

Por su parte, Rafael “N” no presentó ninguna declaración ni argumentos en su defensa.

Decisión del juez y medidas cautelares

Con base en 40 pruebas presentadas por la Fiscalía Anticorrupción de Jalisco, el juez determinó vincular a proceso a ambos exfuncionarios. También se expusieron testimonios de abogados del Ayuntamiento que confirmaron que a ellos sí se les exigió la cédula profesional para ser contratados.

La agente del Ministerio Público, Brenda Janeth Ruiz Arias, solicitó medidas cautelares, las cuales fueron concedidas por el juez:

Firma periódica una vez al mes.
Prohibición de salir del país.
Prohibición de acercarse a testigos del caso.
Inhabilitación para ocupar cargos públicos por seis meses.

Además, el juez otorgó un plazo de cuatro meses para la investigación complementaria e instruyó a la Fiscalía actuar legalmente si la Secretaría General del Ayuntamiento no entregaba la información requerida en tiempo y forma.

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