Vinculan a proceso a Jaime Bonilla, ex gobernador de Baja California, por caso Next Energy
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En una resolución tras una audiencia maratónica de casi 24 horas, un juez de control dictó auto de vinculación a proceso en contra de Jaime Bonilla Valdez, exgobernador de Baja California. Los delitos que se le imputan son peculado, abuso de autoridad y uso ilícito de atribuciones y facultades.
El exmandatario, quien actualmente se desempeña como dirigente estatal del Partido del Trabajo (PT), enfrentará el proceso penal en calidad de coautor con dolo. La situación jurídica de Bonilla se derivó de la contratación de la empresa Next Energy durante su gestión estatal.
El núcleo de la investigación de la Fiscalía General del Estado (FGE) es el proyecto de una planta fotovoltaica en el Valle de Mexicali. Dicha obra, a pesar de los compromisos financieros adquiridos por la administración de Bonilla, nunca fue construida.
De acuerdo con el expediente, el contrato obligaba al Gobierno del Estado a pagar 123 millones de pesos mensuales por un periodo de 30 años. Esta operación representaba una carga financiera superior a los 35 mil millones de pesos para el erario público.
Para garantizar dicho pago, se comprometieron las participaciones federales de la entidad. Además, se realizó una inversión estatal inicial de 1,300 millones de pesos como respaldo del proyecto, sumado a una primera quita de fondos efectuada por Banca Afirme por la obra inconclusa.
Medidas cautelares
La audiencia, que comenzó la mañana del lunes 23 de marzo, concluyó este martes con la decisión del juzgador. Tras la vinculación, el juez decretó un receso para determinar las medidas cautelares que se le impusieron al exsenador de la República.
Pese a la gravedad de las imputaciones por el desvío de recursos públicos, el juzgador determinó que el exsenador de Morena (partido al que ya no pertenece) podrá llevar el proceso en libertad.
Para ello, se le fijó una medida cautelar de 100 mil pesos, evitando así la prisión preventiva durante el periodo de investigación.
El Sistema de Justicia Acusatorio ha otorgado un plazo de seis meses para el cierre de la investigación complementaria.
En este tiempo, la Fiscalía deberá robustecer las pruebas sobre el esquema de contratación que pretendía comprometer las finanzas estatales por tres décadas.
