Cabo Corrientes: Vinculan a proceso al Director de la Policía por abuso de autoridad

Santos “N”, Director de Seguridad Pública del Ayuntamiento de Cabo Corrientes, Jalisco, fue vinculado a proceso por abuso de autoridad tras los hechos ocurridos el 14 de mayo del 2024 en contra de un hombre. La Jueza de Control y Oralidad, Susana Azzaid Betancourt Flores, tomó la decisión tras una audiencia celebrada en los Juzgados del Octavo Distrito Judicial de Puerto Vallarta.

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El caso de abuso de autoridad se deriva de una denuncia presentada en mayo de 2024, cuando Santos “N” trasladó a un hombre a un centro de rehabilitación sin su consentimiento y sin cumplir con los requisitos legales, luego de que éste cumpliera un arresto administrativo de 19.

“El 14 de mayo de 2024, un hombre fue detenido y presentado por una falta administrativa ante el Juez Municipal de Cabo Corrientes quien le impuso como sanción arresto por 19 horas y ordenó, mediante oficio al Director de Seguridad Pública, que se respetaran en todo momento los derechos humanos del detenido y que fuera liberado de inmediato al cumplirse el castigo.

Sin embargo, al terminar el arresto el titular de la policía municipal trasladó a la persona, por petición de la familia y en contra de su voluntad, a un centro de rehabilitación sin que se cumplieran los requisitos legales para ello, por lo que dos días después la víctima presentó una denuncia ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, donde se abrió una carpeta de investigación”, explicó este viernes la Fiscalía Anticorrupción de Jalisco.

A pesar de la vinculación a proceso, Santos “N” obtuvo la suspensión condicional del proceso al comprometerse a donar $10,000 pesos a “Pasitos de Luz”, una asociación civil que apoya a niños con discapacidad en Puerto Vallarta y Bahía de Banderas.

La Jueza Betancourt Flores impuso al funcionario municipal una serie de condiciones durante los próximos seis meses, incluyendo residir en su domicilio actual, firmar mensualmente ante la Unidad de Medidas Cautelares, tomar un curso de derechos humanos y la prohibición de salir del estado.

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Además, tiene prohibido acercarse a la víctima y a los testigos, lo que le impide cualquier trato directo con ellos en caso de que requieran servicios de la policía municipal.