Reportan venta de títulos universitarios en Facebook
En los últimos meses, el incremento de ventas no autorizadas en plataformas como Facebook se hizo notar, tal es el caso de la venta de títulos universitarios, los cuales son ofertados por perfiles en la sección del Marketplace.
Los títulos universitarios vendidos en Facebook son ofertados desde 3 mil 500 pesos y pueden ser de las mejores escuelas del país, sean públicas o privadas; incluso, los perfiles falsos que los publican prometen estar avalados por la Secretaría de Educación Pública (SEP), pues se trata de supuestos “documentos oficiales”.
La demanda es tan grande que han incursionado por el servicio de paquetería, para que los compradores puedan obtener su “título universitario” en la puerta de su hogar.
Los perfiles ofertantes pueden ser reconocidos por una foto del logo de la SEP o con imágenes alusivas al gobierno de México, sin embargo, se trata de perfiles falsos que utilizan de manera ilegal las fotografías.
Trámite de título universitario, entrega de cédula profesional y carta de finalización del servicio social de “todas las universidades de la República Mexicana”, son algunos de los documentos que se venden de forma ilegal en la red social.
Los vendedores de estos documentos aseguran que la entrega se realiza después de 10 días, ya sea en persona o por paquetería, lo que no mencionan a los compradores es que se trata de documentos falsos.
Pese a que tras realizar una inspección de primera vista, los documentos cuentan con sellos institucionales, firmas “oficiales”, datos de registro y hasta un QR que redirige a una página de la SEP para verificar datos, los certificados son totalmente falsos.
Por ejemplo, los sellos están impresos en el papel y el QR, se “vincula” a una página de la SEP creado por un tercero, ocasionando que sea un sitio sin relación con la dependencia oficial.
La falsificación de documentos es un delito que puede ser pagado con cárcel
De acuerdo con el Código Penal Federal, la falsificación de documentos privados es un delito con una pena de los seis meses a los siete años de prisión; mientras que los documentos públicos se sancionan de cuatro a 12 años de cárcel.
Generalmente los documentos apócrifos son identificados cuando se presentan en trámites públicos, pues al tratar de verificar su autenticidad son detectados como falsos.
En el caso de la SEP, la dependencia procede a retener el documento falso y posteriormente realiza una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR).
