Una oposición desesperada
La oposición ha decidido radicalizarse ante su fracaso en las elecciones intermedias. Esperaban tener el control de Congreso de la Unión y poder bloquearle el presupuesto al presidente López Obrador, además parar sus obras insignia como el Tren Maya y la refinería de Dos Bocas, así como cerrarle los recursos para los programas sociales. Paso siguiente era la revocación de mandato, según sus cálculos alegres, eso les permitiría detener a la cuarta transformación y regresar al régimen de corrupción.
La realidad se impuso, su fuerza política no cuenta con la capacidad para poder movilizar a la sociedad en un revocatorio, es decir, no cuentan con la fuerza social al interior para regresar el proyecto neoliberal y retomar el control de la presidencia de la república.
La falta de madurez democrática en el país está emergiendo y eso puede ser bastante peligroso. Una oposición sin salidas avanza en su laberinto. Cada día que pasa la descomposición de esta clase política da signos preocupantes.
Uno de los más notables pudimos observarlo en el ridículo que realizó Silvano Aureoles, gobernador de Michoacán, que acusó a Morena de ser beneficiada por el crimen organizado, ridículo por haber ido a presentarse a la mañanera para ser recibido por el presidente en lugar de presentar sus pruebas ante la autoridad correspondiente. Silla de plástico aparte.
No hay gobierno de izquierda progresista en América Latina que no haya enfrentado acusaciones de este tipo. La típica estrategia de identificar a estos gobiernos como dictatoriales va acompañada de ser narcogobiernos. Las campañas mediáticas son clave para atemorizar a un sector de la población.
La llegada a la Organización de Estados Americanos de esta narrativa no es casual, sobre todo si uno observa el nivel de injerencismo que ha mantenido el organismo que preside Luis Almagro y que tuvo consecuencias muy lamentables en el golpe de estado en Bolivia.
El desgarriate del Tribunal Electoral del Poder Judicial la Federación forma parte de lo mismo. Instalar la idea que la democracia no puede abrirse camino, y que las autoridades electorales no tienen la altura para poder llevar a cabo procesos democráticos pacíficamente. En este caso, en lugar de responsabilizarse por la crisis sin precedente en el Tribunal, varios analistas han salido a culpar a presidente y a su partido Morena sin reconocer la terrible situación heredada por el antiguo régimen del órgano que debería dar certeza electoral.
El simulacro que han realizado en Washington los líderes partidistas del PRI, PAN y PRD al entrevistarse con Almagro, y alertarlo del autoritarismo en México que presuntamente sería cómplice del crimen organizado muestra que una parte de la oposición quiere abiertamente una intervención de fuerzas políticas extranjeras.
Se entiende la desesperación de algunos miembros de la oposición, que podrían estar implicados en tramas de corrupción como las de Odebrecht, o peor aún por su implicación con el crimen organizado y esquemas de evasión financiera o defraudación fiscal. La compra de votos en la Reforma Energética es un tema que en México no ha llegado a su fin, y que tiene en sus principales protagonistas varios miembros de esta clase política que está dispuesta todo para salvarse de no pisar la cárcel.
Esta semana nos hemos enterado por el propio Ricardo Anaya, excandidato presidencial, que existe una investigación contra él y que al parecer se han recabado pruebas suficientes para vincularlo a proceso, por lo que ha decidido huir del país. Hay que recordar que fueron sus propios correligionarios quienes lo acusaron de ser un corrupto tanto Ernesto Cordero como Javier Lozano.
La estrategia publicitaria que emprendió de volverse victima de una persecución política no ha tenido un respaldo en la sociedad. Sin embargo, varios actores políticos y mediáticos han acusado de ser una venganza presidencial este proceso, e intentan que la justicia no se abra camino.
Ricardo Anaya se dice a sí mismo el candidato presidencial de la oposición para 2024, lo cierto es que no hay posibilidad alguna en este momento que muestre que los partidos conservadores lo asuman como su líder.
Al mismo tiempo se ha dado a conocer que la investigación que involucra a Ricardo Anaya también involucraría al expresidente Peña Nieto y al exsecretario de relaciones exteriores Luis Videgaray. Esto cambiaría por completo el escenario político no sólo en los próximos tres años sino tendrían un reacomodo profundo en la configuración política nacional.
En la misma línea estaría el exdirector de PEMEX, Carlos Alberto Treviño Medina, quien la FGR tendría en la mira. Y es que este es el punto central, el haber vendido los votos, en uno de los actos no solo de corrupción más grandes de la historia sino de traición a la patria por la entrega de los recursos naturales estratégicos a manos de privados transnacionales.
El desmantelamiento de PEMEX pudo darse por cierta clase política que creyó podría salir beneficiada de dicha operación si entregaba los recursos tal cual lo indicaba el Consenso de Washington y la política económica neoliberal.
Lo peor que puede suceder es que toda la oposición se identifique con este pasado, es momento que puedan meditar en varios sectores, específicamente entre los económicos que los respaldan, si se embarcarán en un proyecto que en muchos de los casos no los beneficiaron directamente, y que tiene marcado a una generación entera de políticos corruptos.
Vivimos un momento complejo, ya que aún no existe justicia, pero aquellos a los que se les reclama sus actos pueden dar los últimos coletazos para intentar desestabilizar la paz social del país sin importar la consecuencia de esto, incluso ya demostraron que están dispuesto en ir al extranjero a solicitar ayuda. La tensión política que está por llegar era inevitable, los resultados de estas contradicciones deben pensarse anteponiendo el bien nacional. Aquí se miden todos.
