Una estampa de las elecciones en la tierra del crimen organizado
Ocurrió lo nunca visto. Con un chaleco antibalas y un casco de corte militar, el presidente del PRI en el estado de Jalisco, Pablo Antonio Padilla, acudió ayer a las oficinas del consejo municipal de Pihuamo, al sureste de la entidad, para vigilar los avances en el cómputo distrital.
El 15 de marzo, el candidato del PRI a esa alcaldía, Humberto Amezcua, fue ejecutado en pleno centro de la cabecera municipal. Días antes del asesinato, Amezcua había buscado al presidente estatal de su partido para informarle que gente armada acababa de presentarse en su casa con un mensaje de “los señores” del crimen organizado: que debía bajarse de la contienda.
Padilla denunció más tarde que pasó esa información al gobierno del estado —concretamente al secretario general de Gobierno, Juan Ibarra Pedroza—, pidiendo protección para el alcalde de Pihuamo y otros 14 candidatos. No hubo respuesta.
Doce horas antes del ataque, Humberto Amezcua preguntó si la respuesta del gobierno por fin había llegado. Se le oía desesperado. Le respondieron que no. Que aún no.
Esa noche, cuando circuló la versión del asesinato, Padilla marcó impulsivamente al teléfono celular del alcalde, con la esperanza de que no fuera cierto. Contestó el secretario particular de Amezcua. Le dijo, con voz entrecortada: “Acaban de matarlo”.
El presidente estatal del PRI escribió en su cuenta de X: “Desde hace semanas hemos avisado al Gobierno de Jalisco sobre amenazas en 15 municipios contra nuestros candidatos. No obtuvimos respuesta… Ayer, Humberto Amezcua, alcalde de Pihuamo, nos avisa que está siendo amenazado. Yo avisé personalmente al Gobierno Estatal, pidiéndoles protección. No me contestaron en todo el día… Por la noche, recibimos la trágica noticia de que Humberto fue asesinado. Esta muerte pudo ser evitada, pero en Jalisco, nadie gobierna”.
La fiscalía de Jalisco informó que había interrogado a varios funcionarios del municipio —el secretario general del Ayuntamiento, el síndico municipal, el presidente municipal interino— y que nadie tenía conocimiento de que el alcalde hubiera recibido amenazas (el propio fiscal reconoció semanas después que el crimen organizado se hallaba detrás del homicidio).
Pablo Antonio Padilla denunció que desde el día en que se pronunció públicamente sobre el caso Amezcua comenzó a recibir llamadas, entre otras, de funcionarios estatales, en las que le pidieron que “le bajara al tema”. Denunció también que era víctima de amenazas y solicitó medidas de protección.
El gobierno estatal respondió que Padilla no había logrado “acreditar evidencias de amenazas o ataques en contra de su persona”. Más tarde, sin embargo, durante la campaña, recibió a través de un colaborador un nuevo mensaje: que no se parara en Pihuamo. El candidato que había accedido a remplazar a Amezcua también fue amenazado, y el aspirante de Movimiento Ciudadano a dicha alcaldía renunció a la candidatura “por motivos personales”.
De hecho, según los datos disponibles, de 15 abanderados del tricolor siete no pudieron continuar y ocho más recibieron amenazas directas por parte del crimen organizado. Ahí, prácticamente no hubo elecciones, porque no lo permitió el crimen organizado.
Pihuamo, con Tuxpan y Tecalitlán, forma parte de la cadena de municipios fronterizos que se encuentran en poder del Cártel Jalisco Nueva Generación.
Apenas en diciembre pasado un cateo de la Marina en la comunidad de Las Naranjas arrojó el hallazgo de 30 vehículos de alta gama, un jaguar, tres monos, cinco guacamayas, cuatro caballos y 900 gallos —además de cohetes, armas de alto poder y cartuchos—, que presuntamente pertenecían a César Morfín, “El Primito”: un exmiembro del Cártel del Golfo que abrió las puertas de Tamaulipas al Cártel Jalisco, y que hoy figura como jefe regional de la organización que dirige Nemesio Oseguera, “El Mencho”.
Los cateos desataron dos días de protestas por parte de pobladores de Pihuamo que acusaron a la Marina de robos y abusos. El Cártel Jalisco controla ahí la explotación forestal, el cultivo de caña y la explotación de las minas.
A finales de 2020, durante un enfrentamiento, resultó herido en el abdomen, por un artefacto explosivo, José Guadalupe Rodríguez, “Don Lupe” o “El 15”, el entonces jefe regional del Cártel Jalisco: una ambulancia custodiada por un comando armado lo condujo hasta un hospital, donde murió. Sicarios armados robaron más tarde su cuerpo.
Don Lupe fue durante años el gran cacique criminal de Pihuamo. Su grupo controlaba las entradas y salidas, todo lo que ocurría en la región.
El domingo pasado un grupo armado se robó dos paquetes electorales de las casillas 1908 básica y extraordinaria. El crimen organizado no quiso que los pobladores de las comunidades San José del Tule y Pozo Santo votaran.
Padilla solicitó al Instituto Electoral de Participación Ciudadana en Jalisco que el recuento se llevara a cabo en otro sitio. No sucedió.
Finalmente, con una escolta de la Guardia Nacional que le fue concedida desde mayo, el priista se presentó en Pihuamo con casco, chaleco y camionetas blindadas.
Una estampa de las elecciones en la tierra del crimen organizado.
AT
