Una carta democrática contra el golpismo

En una carta con fecha del 23 de febrero de 2021, enviada desde la Ciudad de México, el presidente Andrés Manuel López Obrador convoca a la gobernadora, los gobernadores y la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México a un acuerdo nacional en favor de la democracia. 

Lo hace en una fecha especial, en el marco de la conmemoración del asesinato de Francisco I. Madero y de José M. Pino Suárez, presidente y vicepresidente de México en 1913. En aquella ocasión el cobarde golpista de Victoriano Huerta con apoyo de la embajada norteamericana llevó a cabo tan infame acción. Un golpe muy duro en contra de la democracia mexicana cuyos efectos habrían de durar todo un siglo.

Con el golpe de Estado de Huerta y el magnicidio del poder ejecutivo se le cerraba el paso a un México capaz de llevar a la realización aquello de sufragio efectivo, no reelección. Los porfiristas resentidos por las pérdidas de sus prebendas fueron los responsables de generar un escenario de inestabilidad política que profundizó los conflictos en todo lo ancho del territorio nacional y que convulsionó a la toda la sociedad.

En su carta, López Obrador muestra la forma en cómo entiende el desarrollo del diálogo político, ya que, si bien las instituciones son importantes y son producto de luchas históricas, estas no son garantes de nada si no existe voluntad política. El quiebre del diálogo que deviene en magnicidio está marcado en la historia de nuestro país, es por ello que se requiere que todos los actores políticos actúen con altura de miras.

Tanto el Instituto Nacional Electoral como el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación son mecanismos que en el marco de la legalidad política deben dar certeza a esta elección. Pero hay algo muy importante, ya que como hemos visto en el pasado, legalidad no significa que se tenga legitimidad. Y es aquí el punto de partida de una nueva etapa en la vida pública del país que el movimiento de la cuarta transformación esta proponiendo. 

El crimen organizado ha podido permear en nuestras instituciones justo porque el sistema de corrupción permitió la degradación de aquello que debió ser un dique ante intereses que nada tenían que ver con el desarrollo democrático de nuestro pueblo. 

Es más, nuestras instituciones electorales, aunque avanzaron en algún momento de su historia en reconocer la necesidad de la apertura democrática, defenderla no ha sido siempre una distinción en su actuar, más bien como se demostró con Vicente Fox a quien se le reconoció el triunfo en las elecciones de 2000, intervino de forma descarada para descarrillar el proceso electoral en 2006. 

Este zigzagueo podría detenerse, si sólo si el conjunto de las fuerzas políticas asumiera la lección de establecer un gran acuerdo de voluntades políticas que permitan a las diferentes fuerzas nacionales, estatales y locales expresarse libremente en una competencia con piso parejo en el terreno electoral, y que sea el voto popular quien determine qué fuerza es capaz de generar consenso. 

La gobernadora, los gobernadores y la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México son claves. Y es que como pudimos ver en elecciones anteriores, la compra del voto, el acarreo, el mapacheo electoral siguen a la orden del día, y estos se movilizan la mayoría de los casos con recursos públicos. 

Hay un sector de la llamada intelectualidad mexicana que se niega a reconocer las relaciones de amasiato que existían y existen entre ciertas figuras de la autoridad electoral con el poder económico o poder político en el ámbito nacional o local. Es por eso la necesidad de romper con ese pacto de complicidades para avanzar hacía una nueva etapa.  

En el caso de nuestro pasado inmediato tenemos una elección fraudulenta en 2006 por la intervención del poder ejecutivo; así como una elección comprada por el poder del dinero en 2012. Si uno quiere ir más lejos basta ver el fraude descarado de 1988 y el magnicidio político de 1994. No hay garantías de que se siga respetando la voluntad popular a menos que la clase política nacional se pueda transformar a sí misma. 

Si se avanza en romper el sistema de complicidades, si se logra generar en los hechos un acuerdo nacional para favorecer la democracia, todo el sistema en su conjunto se fortalece, es decir, la propia clase política tendría una mayor capacidad para combatir los grandes flagelos que la azotan en estos momentos, uno de ellos es la intervención del crimen organizado en muchas regiones del país.

Al generar estabilidad política nacional se puede llegar a un acuerdo económico, la posibilidad de sentar bases para avanzar en el bienestar de la sociedad, pero ello requiere madurez para abandonar el viejo régimen de expolio que se consolidó desde la ilegitimidad política. 

En el actual escenario existen muchas voces que vienen articulándose desde la llegada al poder del presidente López Obrador en torno a la idea de forzar la salida del tabasqueño y romper el orden constitucional. Han intentado de todo, desde alentar a ciertos sectores del ejército para avanzar en el quiebre del orden democrático hasta incitar a diferentes manifestaciones que permitan traer la mirada de fuerzas extranjeras para su intervención en nuestro país.

Ante eso, es importante fortalecer la unidad nacional a partir de reconocer que existen diferentes proyectos de nación, y que la forma democrática de resolver dichas diferencias es a través de las urnas y no a través del intervencionismo extranjero o los dados cargados de quienes se suponen deben ser los árbitros electorales, si México se puede consolidar como una democracia en el siglo XXI será una tarea de todos, pero sobretodo para lograrlo será indispensable cerrar toda oportunidad a todos los emuladores de Huerta. El golpismo no debe pasar.