Un INE desacreditado
“No tengo confianza en el INE” fue la respuesta del presidente López Obrador a un reportero que lo cuestionaba durante la mañanera del día 13 de abril respecto de los últimos sucesos que hemos vivido para el periodo electoral.
Ayer el Instituto Nacional Electoral (INE) tuvo que decidir sobre el futuro de las candidaturas de Morena a Gobernador de los Estados de Guerrero y de Michoacán. Todo indica, al momento de escribir esta columna, que se les negara el registro.
Lejos de ver las particularidades del caso, parece ser que estamos ante un evento político inédito. Y es que, ante el desplome de la oposición en las preferencias electorales, el establishment ha decidido meter al INE en la batalla política para rescatar las reformas estructurales impuestas bajo el peñismo.
Lorenzo Córdova ha decidido utilizar una de las instituciones que deberían garantizar la certeza de las elecciones como una plataforma electoral propia, que lo proyecte como posible líder de la oposición. Poniendo en grave riesgo la poca estabilidad democrática con la que contamos.
Es claro que, al bajar las posibilidades de ser candidatos para disputar las gubernaturas de dos Estados, que pese a ello siguen liderando la preferencia electoral, lo que se busca es desestabilizar no solamente la política interna de esos Estados sino al gobierno federal.
A esto hay que sumarle, la modificación de última hora, una vez empezado el proceso electoral de la normativa para la distribución de diputados plurinominales. Un atropello que se entiende en la medida que se busca proteger a la corrupción del sexenio pasado.
La contrarreforma energética, sabemos ya, estuvo plagada de un cúmulo de corrupción que salpicó al Poder Legislativo, y que fue operado desde el propio Poder Ejecutivo. Así lo ha demostrado la trama Odebrecht.
Esta contrarreforma fue la joya de la corona del régimen neoliberal. Es el despojo de la soberanía energética para pasarla a manos de capitales privados.
Para poder llegar a este proceso, se utilizaron transacciones económicas millonarias para la operación de compra de votos masiva, a través de esquemas tan sofisticados como la trama Monex, y no paró ahí.
Ante este fraude a la ley, el arbitro electoral de la contienda nunca vio nada. No supo del tamaño de recursos que fueron puestos para la compra de voluntades con el acompañamiento de los medios de comunicación masiva para encubrir dicha operación.
Peor aún, la necropolítica mexicana ha podido operar de la mano del quiebre de instituciones democráticas, gracias a que la fiscalización de recursos ha sido omisa en revisar lo que sucede en los diferentes territorios en donde el crimen organizado tiene amenazadas a todas las autoridades locales.
Hoy la nación debería estar discutiendo la forma en cómo se le cierra el paso al dinero sucio proveniente del crimen organizado que ha infiltrado a la política y que ha establecido una política de despojo en varias regiones del país.
En cambio, estamos siendo testigos del manejo del INE para cambiar la narrativa y la conformación política del país a través de fraudes a la ley manipulando con la presunta aplicación de esta.
Volvamos a Odebrecht, ya que es de suma importancia para el futuro, la sanción de esta trama debe ir acompañada de la sanción de los partidos políticos que en 2012 apoyaron el surgimiento de una fuerza que pudiera a través de la compra de voluntades modificar la Constitución, lo que constituye un delito muy grave.
Ante esto, la autoridad electoral nunca vio nada de irregular, más bien se plegó al discurso del poder económico. La sanción era clara, la desaparición del registro de los partidos involucrados en estos actos de corrupción. Primero compraron las voluntades de la ciudadanía abusando de su necesidad y después compraron a los diputados por su voto para votar las reformas del sexenio pasado.
Incluso si el INE decidiera echarse para atrás en esta intentona antidemocrática, el daño al proceso electoral es muy delicado, pone entredicho la certeza de la elección, y puede generar estallidos sociales a lo largo y ancho del país por una irresponsabilidad mayúscula. No hay que ir tan lejos, habría que voltear a ver el desastre provocado por la OEA en el proceso electoral boliviano, que devino en un golpe de estado, que al final de cuentas fue derrotado de forma democrática.
El temor de algunos sectores conservadores no debe ser sustento para cancelar la posibilidad de la apertura democrática, nuestra referencia histórica es Madero en un extremo, pero ahí están también los múltiples casos de fraudes locales, y nacionales en este México durante la etapa neoliberal.
Si se pierde la oportunidad de generar consensos a través de procesos democráticos libres lo que sigue puede llevar a una deriva autoritaria que nadie en este país estaría dispuesto a vivir.
Al querer modificar de forma artificial la correlación de fuerzas políticas, la irresponsabilidad del INE fomenta su descrédito, y he ahí está el detalle, ya que han perdido la narrativa, eso de que los fraudes son cosa del pasado ni siquiera el titular del órgano lo debería de plantear. Están ahí y uno puede ver la operación de ejércitos electorales impulsados por los diferentes cotos de poder estatales.
La única forma en la que se puede detener este nuevo ataque de ciertos sectores del país que no quieren asumir la democracia como un proyecto que guíe el futuro económico de la nación es la movilización nacional. Parece ser que el mensaje del presidente es cerrar filas para cerrarle paso a ese pasado infame. Le toca el turno al movimiento social responder al llamado.
