Un factótum desde gayola

Foto: Milenio

El 17 de abril del año 2020, a inicios de la pandemia del coronavirus, se informaba a la sociedad mexicana de una reunión del Consejo Coordinador Empresarial, órgano integrado en su dirección ejecutiva por empresarios lobistas al servicio de los grandes capitales de este país.

En esa reunión, los grandes empresarios ya sabían que el Gobierno Federal se había negado a solicitar una línea de crédito al Fondo Monetario Internacional o al Banco Mundial, en suma, una de las promesas de campaña del presidente de la República se cumplía. No habría mayor endeudamiento del Estado.  

En esa reunión, Gustavo de Hoyos Walther, quien desde que asumió el cargo en la presidencia de la COPARMEX ha operado para construir su candidatura a la gubernatura del estado de Baja California Norte desde el Partido Acción Nacional, llamó a no pagar impuestos al Gobierno Federal como una medida de presión política y económica.  Y amagó: si este gobierno se “radicalizaba” había entonces que definir en cada organización “si hace un movimiento de resistencia civil pacífica, si crea un desplegado, si cuelga mantas, si hace un paro”. Se ponía sobre la mesa una forma de extorsión económica.

Pero quien más sorprendió en esa reunión, no fue el filopanista de Hoyos sino el operador que había designado el Diablo Fernández, del Grupo de los 10 de Monterrey, como un interlocutor con la cuarta transformación. Carlos Salazar Lomelín, quien, de forma diferente, pero con el mismo fondo también se candidateaba para gobernador de Nuevo León.

Salazar Lomelín era un invitado constante en Palacio Nacional, debido a la muy cercana relación con el poder, un sinfín de interés se lograron formar en torno a él. Ese diálogo que había establecido con Andrés Manuel López Obrador le permitía ser ese vaso comunicante que los empresarios necesitaban para afianzar sus decisiones. Era, pues, un factótum empresarial en la 4T.

Al mismo tiempo que un grupo de empresarios intentaba construir un puente de comunicación con Morena en el poder, en esta nueva transición democrática. Otro grupo, que se vio beneficiado en la época de corrupción del neoliberalismo empezó a construir la idea de interrumpir el mandato de AMLO, que otorgaron las urnas. El golpe de estado se instaló en el imaginario empresarial.

En vez de repudiar dicha maniobra, Carlos Salazar Lomelín, comentó “esto apenas empieza, estamos en la primer semana, no queramos sacar del cajón de las herramientas, las acciones que podremos tomar como definitorias. Claro, la sociedad lo único que puede hacer ante una situación de estas es desobedecer, pero vamos a ver hasta dónde debemos de llegar para tomar esa acción”, y remató sobre el gobierno de López Obrador “no somos los primeros que quieren que se vaya, pero democráticamente nos vamos a tener que esperar”.

El sector golpista que se ha conformado en México tenía las esperanzas de que la crisis epidemiológica del COVID-19 desbordará los hospitales y se produjera un choque social. Tal cosa no sucedió. La visita de AMLO a Washington con un núcleo de grandes empresarios sin la mediación de los lobistas de las patronales sindicales de siempre, puso de relieve que no son necesarios para mantener el diálogo con el sector empresarial.

Al mostrar el presidente López Obrador lo espuria de sus pretensiones, mismas que están plasmadas en el plan BOA, la oposición golpista se ha debilitado. La carta leída por la Secretaría de Economía Graciela Márquez en la mañanera del día 10 de julio enviada por Carlos Salazar como Presidente de Consejo Coordinador Empresarial muestra que, después de haber sido un factótum, hoy el regiomontano observa desde gayola.