Trump insiste en nacionalizar elecciones de EU pese a rechazo de la Casa Blanca y republicanos

El presidente Donald Trump ha intensificado su controvertido llamado para que el Partido Republicano y el gobierno federal tomen el control de los procesos electorales en Estados Unidos.

Esta postura, reafirmada el martes, surge en un momento en que la Casa Blanca intentaba suavizar sus declaraciones previas y mientras figuras clave de su propio partido cuestionaban la propuesta.

Desde el Despacho Oval, Trump argumentó que el gobierno central tiene la responsabilidad de “involucrarse” en unas elecciones que, según él, están marcadas por la “corrupción”.

Con esto, reiteró su visión de que la administración federal debería sobreponerse a las leyes estatales y asumir la gestión de los comicios locales.

“Si los estados no pueden contar los votos de forma legal y honesta, entonces alguien debería hacerse cargo”, declaró el mandatario, señalando directamente a ciudades gobernadas por demócratas.

Agregó:

“Fíjense en esa horrible corrupción; el gobierno federal no debería permitirlo”.

Un choque de narrativas entre el Presidente y su equipo

Estas afirmaciones se produjeron apenas unas horas después de que la Casa Blanca intentara matizar comentarios similares hechos por Trump el día anterior.

La insistencia del presidente marca una escalada en su retórica sobre un presunto amaño electoral, justo cuando el Partido Republicano enfrenta pronósticos difíciles para las elecciones de otoño.

El origen de la polémica se remonta al lunes, durante una entrevista en el pódcast de Dan Bongino, exdirector adjunto del FBI. Allí, Trump instó a los funcionarios republicanos a “hacerse cargo” de la votación en 15 estados, aunque no especificó cuáles.

“Los republicanos deberían nacionalizar la votación”, afirmó.

Esta propuesta desafía directamente la Constitución estadounidense, que establece un sistema descentralizado donde los condados y municipios administran las elecciones bajo leyes estatales.

La defensa de la Casa Blanca y la realidad de la Ley SAVE

Karoline Leavitt, secretaria de prensa de la Casa Blanca, intentó contener los daños el martes, asegurando que el presidente se refería a la “Ley SAVE”. Esta legislación busca exigir pruebas de ciudadanía estadounidense para registrarse a votar.

“El presidente cree en la Constitución, pero también en que ha habido muchos fraudes”, dijo Leavitt.

La portavoz citó a California y Nueva York como ejemplos de lugares donde, según ella, se permite votar a no ciudadanos, aunque no aclaró cuáles eran los “15 lugares” mencionados por Trump en el pódcast.

Sin embargo, la versión de Leavitt choca con los hechos: Trump nunca mencionó la Ley SAVE en su entrevista ni en su comparecencia del martes. Además, dicha ley no otorga al gobierno federal el poder de administrar elecciones.

Poco después de la defensa de su portavoz, Trump volvió a pedir intervención federal mientras firmaba una legislación para evitar el cierre parcial del gobierno, acompañado de legisladores republicanos.

Movimientos del Departamento de Justicia y el FBI

El entorno del presidente parece estar ejecutando una estrategia más amplia. El Departamento de Justicia, bajo la actual administración, ha exigido a estados como Minnesota la entrega de sus censos electorales completos para crear un archivo nacional de votantes.

Paralelamente, el FBI confiscó la semana pasada papeletas y registros de 2020 en el condado de Fulton, Georgia.

Estas acciones, sumadas a la retórica presidencial, sugieren una campaña para sembrar dudas sobre la integridad del sistema antes de las elecciones de mitad de mandato en noviembre.

Trump ha pronosticado pérdidas republicanas en estos comicios, citando derrotas recientes en elecciones locales y la victoria de un demócrata en una elección especial en Texas, en un distrito que anteriormente era bastión de Trump.

Resistencia dentro del Partido Republicano

La idea de centralizar las elecciones no ha sido bien recibida en el Capitolio. John Thune, líder de la mayoría en el Senado, rechazó tajantemente la propuesta.

“No estoy a favor de federalizar las elecciones”, declaró Thune a la prensa.

Subrayando que el control estatal es una “cuestión constitucional”, aunque se mostró a favor de leyes de identificación más estrictas.

El estancamiento de la Ley SAVE y la presión conservadora

La Ley SAVE, que obligaría a presentar pasaporte o certificado de nacimiento para registrarse y penalizaría a funcionarios que no lo exijan, fue aprobada por la Cámara de Representantes el año pasado. No obstante, se encuentra estancada en el Senado, donde requiere 60 votos para avanzar.

A pesar de que el voto de no ciudadanos ya es ilegal en elecciones federales y es extremadamente inusual, la narrativa de un fraude masivo ha sido impulsada por aliados de Trump y figuras influyentes como el multimillonario Elon Musk, quien ha presionado a favor de la ley desde su plataforma X.

Recientemente, conservadores de derecha intentaron vincular una versión de la Ley SAVE a un paquete de gastos gubernamentales, poniendo en riesgo la financiación del gobierno hasta que la Casa Blanca intervino para convencer a los legisladores de desistir.

La advertencia demócrata

La oposición ha calificado estas iniciativas como innecesarias y peligrosas. Argumentan que los requisitos de la Ley SAVE son onerosos y podrían privar del voto a ciudadanos legítimos, como mujeres que han cambiado su apellido al casarse.

El senador demócrata Adam Schiff fue contundente en su reacción:

“En su primer mandato, Donald Trump presionó, amenazó y forzó para amañar unas elecciones. No podemos pasar por alto las señales de que va a intentarlo de nuevo. No confíes en mi palabra. Confía en la suya”.