Torneo de pesca en Islas Marías desafía la ley ambiental mexicana

El torneo internacional Las Marías Blue Cup, programado para diciembre de 2025, propone llevar la pesca deportiva al corazón del Archipiélago de las Islas Marías, un sitio protegido por la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA) y designado Patrimonio Mundial por la UNESCO.

La propuesta se presenta como una iniciativa “sustentable” y “filantrópica” que busca recaudar fondos para la conservación del ecosistema. Sin embargo, el análisis jurídico y ambiental revela una contradicción fundamental: la pesca, incluso bajo la modalidad de “captura y libera”, está expresamente prohibida dentro de la Reserva de la Biosfera Islas Marías según el Decreto Presidencial del año 2000 y su Programa de Manejo (DOF, 27 de noviembre de 2000).

El torneo, organizado bajo una marca privada sin registro público verificable, pretende operar desde Puerto Balleto, en la Isla María Madre, y cobrar entre 4,500 y 5,500 dólares por equipo.

Su promoción apunta a un público de alto poder adquisitivo, con el argumento de combinar exclusividad, turismo y sostenibilidad. Pero ni la legislación ni la ciencia respaldan esas afirmaciones.

Impactos ecológicos disfrazados de “pesca responsable”

La modalidad “captura y libera” no garantiza que los peces sobrevivan tras ser devueltos al mar. Estudios de la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) y del Goldberg Lab de la Universidad de Wisconsin demuestran que muchas especies pelágicas, como el marlín o el atún, sufren mortalidad post-liberación debido al estrés fisiológico, la descompresión y las heridas internas.

En contextos de conservación estricta, la sola manipulación de las especies constituye una interferencia contraria a los principios ecológicos de manejo. Además, un torneo de esta magnitud genera impactos indirectos: tráfico de embarcaciones, ruido submarino, riesgo de derrames de combustible y daños a arrecifes. Según la NOAA’s National Marine Sanctuaries, estos factores alteran el comportamiento de mamíferos marinos y peces en zonas de alta sensibilidad ambiental.

Por tanto, la práctica no puede considerarse ni “sustentable” ni “responsable” dentro de una zona declarada “de no captura” (No-Take Zone) por la organización Global Conservation, que colabora con autoridades mexicanas en la vigilancia del parque marino.

El discurso de los organizadores incurre en lo que especialistas denominan conservation washing: el uso del lenguaje ambientalista para legitimar actividades incompatibles con la conservación. Bajo la premisa de “pescar para proteger”, se promueve un modelo que viola tanto el decreto presidencial como los compromisos internacionales adquiridos por México ante la UNESCO.

La contradicción se agrava al analizar la dimensión económica. El gobierno federal, a través de la empresa paraestatal Turística Integral Islas Marías (TURIIMAR), busca desarrollar un turismo de bajo impacto ambiental, supervisado por la Secretaría de Marina (SEMAR). Sin embargo, un torneo de pesca con decenas de embarcaciones de motor representa una actividad de alto impacto.

El proyecto turístico oficial pretende impulsar el ecoturismo y la observación de la naturaleza, no actividades extractivas. Autorizar un torneo de pesca deportiva dentro de la reserva colocaría a las instituciones federales en una posición contradictoria: la SEMAR, encargada de proteger las aguas nacionales y vigilar el cumplimiento de la ley, estaría promoviendo una actividad prohibida por el marco jurídico ambiental.

Un vacío legal imposible de llenar

De acuerdo con el Reglamento de la LGEEPA en materia de Áreas Naturales Protegidas, solo la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) tiene facultad para otorgar permisos dentro de reservas federales, mediante el trámite CNANP-00-001. Pero la ley es clara: solo pueden autorizarse actividades congruentes con el decreto de creación y el Programa de Manejo. La pesca —en cualquier modalidad— no lo es.

El propio Programa de Manejo de la Reserva de la Biosfera Islas Marías establece que las zonas núcleo y de amortiguamiento se destinan exclusivamente a la conservación, investigación científica y turismo de bajo impacto, prohibiendo expresamente la explotación de flora y fauna silvestres.

En consecuencia, cualquier permiso que autorice un torneo de pesca sería ultra vires, es decir, emitido fuera de las facultades legales de la autoridad. La legislación mexicana no contempla “excepciones especiales” que permitan ignorar una prohibición establecida por decreto presidencial.

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), como cabeza del sector ambiental, y la CONANP, como órgano competente, no han publicado autorización alguna para la realización del evento. Tampoco existen registros en los portales de transparencia ni comunicados oficiales que validen el torneo. Este silencio institucional sugiere dos escenarios: o bien la actividad se realizará sin permiso —por lo tanto, de forma ilegal—, o bien se encuentra bajo presión política para su aprobación discrecional.

Si el torneo obtuviera algún tipo de aval informal, este sería jurídicamente nulo. Cualquier ciudadano u organización ambiental podría interponer un juicio de amparo con base en los artículos 8 y 11 del decreto presidencial y en la LGEEPA, argumentando violación al principio de conservación y afectación a un bien de interés nacional.

Asimismo, permitir el torneo implicaría un conflicto de competencias entre la SEMAR y la CONANP, pues la primera no tiene autoridad regulatoria en materia ambiental. Su papel se limita a la logística y seguridad marítima, no a la autorización de actividades dentro de un Área Natural Protegida.

A nivel internacional, la situación podría acarrear consecuencias diplomáticas. La UNESCO exige que los países garanticen la conservación de los sitios inscritos como Patrimonio Mundial. Cualquier actividad extractiva en la Reserva de la Biosfera Islas Marías podría considerarse una violación a esos compromisos, con posibles sanciones reputacionales o la inclusión del sitio en la lista de Patrimonio en Peligro.

Hasta la fecha, no existen antecedentes de torneos de pesca deportiva en la reserva desde su creación en 2000. De autorizarse, Las Marías Blue Cup sentaría un precedente peligroso: abriría la puerta a que otras Áreas Naturales Protegidas sean objeto de flexibilización legal bajo argumentos económicos o turísticos.

El caso Las Marías Blue Cup no es solo un debate sobre pesca deportiva, sino una prueba de fuego para la política ambiental del país. Entre la presión económica del turismo de élite y la obligación legal de proteger un santuario biológico, las autoridades deberán decidir qué pesa más: la rentabilidad o la ley.

JB