Tecla 7/6 Échenle al saco más ineficiencia

Tecla 7/6  Échenle al saco más ineficiencia
El inicio de un proceso por presunta de malversación de recursos públicos en Colima por dos mil millones de pesos, las pillerías en Tabasco, lo que está saliendo a flote en Quintana Roo, banales de Nuevo León que se castigaría el saqueo, las cuentas que se investigan en Chihuahua y así estado tras estado hasta llegar a la perla de la corona de la corrupción e impunidad con Veracruz, plantea el cuestionamiento obligado en un país en crisis y con estados endeudados: ¿hasta dónde llegan los miles y mas miles de millones de pesos que no se tradujeron en obra social y si en facturas cuyos ladrones desde el poder se las dejaron a los contribuyentes? Y es que además al saqueo o manejos irregulares de los recursos se suman los municipios, entre estos los sudcalifornianos, cuyas auditorías a un año de los relevos municipales ni se han revelado ni se ha procedido en consecuencia). Es de insistir: si hay dinero pero se lo están robando. Sin que los Poderes Legislativos (federal y locales) se hubiesen convertido en auténticos garantes de la revisión de cuentas, los que los convierte en meras oficialías de trámites, sumisos y timoratos. Si los Congresos de Veracruz, Chihuahua, Nuevo León, Quintana Roo, Colima entre tantos, hubieran sido auténticos no hubieran jugado el rol pávido de supuesta revisión a las cuentas de los Ejecutivos y dejar pasar. Y si hay dinero para hacer obra pública y no endeudarse, pero se lo están robando desde la forma mas descarada, dado que así como hay recursos públicos hay instituciones y no nos cansamos (bueno desde el poder nos se cansan) de inventar mas instituciones o figuras públicas (ya hasta tenemos sistema anticorrupción) para frenar el saqueo público. Pero no se frena, tantas instituciones es el calibre de lo que sigue creciendo en corrupción e impunidad. Vamos lo que está pasando en Veracruz y otros estados con los miles y miles de millones de pesos mal habidos si de instituciones se tratara ese saqueo se hubiera parada a tiempo. Basta citar que el 14 de diciembre del 2014 en el Senado se aprobó el crear una Comisión Bicamaral “que analice la situación de endeudamiento de las entidades y municipios”. En el comunicado Número-859 del Senado --de la fecha en mención-- se indica que en aquella jornada “la propuesta consta de un solo artículo, debido a que el resto de la minuta ya fue aprobada por el Senado y la Cámara de Diputados”. De ahí que se precisa que las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos Segunda avalaron por 12 votos a favor y uno en contra, la minuta de la Cámara de Diputados, que reforma la Constitución en materia de disciplina financiera de las entidades federativas y municipios. Se indica que el proyecto de dictamen reforma el párrafo cuarto de la fracción octava, del artículo 73 constitucional, en el cual se considera la intervención del Congreso de la Unión, a través de una Comisión Bicamaral, con atribución para analizar la situación de los estados que tengan una posición elevada de endeudamiento y requieran la garantía federal para contratar empréstitos, y a su vez emitir la opinión que estimen correspondiente con respecto a un plan de ajuste planteado por un estado de la Unión al gobierno federal. En aquella ocasión la senadora del PRD, Dolores Padierna Luna expresó que la reforma es positiva porque establece como principio que el Estado mexicano debe respetar el equilibrio presupuestal y la sostenibilidad financiera. Indicó que amplía las facultades del Congreso para legislar la forma como el Ejecutivo otorgará garantías a los estados y municipios, “ya no de forma discrecional”. Por igual se citó que el presidente de la Comisión de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda, Alejandro Encinas Rodríguez, mencionó que es importante fortalecer la facultad de fiscalización del Congreso, a través de esta Comisión Bicameral integrada de manera paritaria, “donde sean los legisladores quienes hagan el seguimiento de los manejos indebidos o irregulares de las deudas en estados y municipios”. Igual, el Senador (PAN) Luis Fernando Salazar Fernández, fijó postura al manifestar que esta facultad concedida al Congreso para legislar en materia de endeudamiento de estados y municipios, “no resulta suficiente”, pues era necesario que a través de la Comisión Bicameral no sólo se objetara, sino que también sancionara a los estados. Sin embargo, alentó, existen grandes avances en relación a la rendición, transparencia, y a los proceso de endeudamiento; “que finalmente le van a dar claridad a las finanzas del país”. El senador del PT, Manuel Bartlett Díaz dijo que la solución a este problema no es de corrupción y ni de las coincidencias electorales y políticas, sino que se encuentra en el federalismo fiscal, en distribuir los recursos adecuadamente “y no estarle echando a los estados toda la carga, para después ayudarlos”. Creo que es una medida brutalmente antifederalista y pone en riesgo a los estados de la República, porque implica una interferencia absoluta a los estados, puntualizó. De aquella fecha del 14 de diciembre del 2014 –casi dos años—muchas cosas han pasado: Veracruz se siguió saqueando, no hubo vigilancia del manejo de los recursos públicos, aquí mismo en Los Cabos, el Alcalde Arturo de la Rosa, acaba de decir que encontró el manejo del Ayuntamiento “patas pa´rriba”, en Quintana Roo se dedicaron a maquillar los indicadores de educación hasta dar certificados a 2 ml 500 analfabetas, mientras que los millones del presupuesto iban a parar a supuestos usos de aeronaves. Aparte del impune saqueo, a los maltrechos recursos públicos todavía se le suman mas gastos con instituciones que son letra muerta. Échenle al saco más ineficiencia.
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