De tamales y sor religiosas: los desfiguros del poder

“Nada nos va a doblar … Si después de todo lo que sucede me voy a ir a vender tamales, ahí les mando el menú” estas fueron las palabras del ministro Alberto Pérez Dayán para referirse al actual conflicto entre la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y el presidente de la república Andrés Manuel López Obrador. 

El tono de la confrontación ya no marca la prudencia que debería de regir al Poder Judicial en su relación con el Poder Ejecutivo. Y es que, desde la SCJN ya no se están analizando los casos de forma imparcial sino bajo la consigna de debilitar al poder emanado democráticamente de las urnas. 

Esto es absolutamente peligroso en la medida que la SCJN y el Consejo de la Judicatura Federal están entrando en una vía de choque instrumentalizada desde la oposición. Los asuntos a tratar que la SCJN ha venido revisando en su sala no están realizándose bajo el criterio jurídico sino más bien político. Lanzar la señal que el gobierno actual viola la constitución forma parte de una estrategia electoral al identificar a Morena como un peligro para México. Es la nueva operación Berlín, pero con el ingrediente que se hace desde uno de los poderes del Estado. Algo inaudito.  

La narrativa del ministro Pérez de que los estarían tratando de doblar muestra ya una dinámica en la que su oposición a los proyectos del presidente y de la mayoría del congreso de la unión no son del orden constitucional sino estamos ante un intento de quiebre constitucional porque el máximo tribunal se ha politizado, lo delicado del asunto es que esto podría estar diseñado para insertarse en una estrategia de lawfare, que consiste en golpes de estado generados y operados por el poder judicial que ya se han aplicado en varios países de América Latina. 

Las muestras de intimidación que recientemente vivió Alejandro Armenta, presidente del Senado por parte de Norma Piña, presidenta de la SCJN a través de mensajes de WhatsApp muestran ya una ruta que el Poder Judicial ha decidido emprender, los mensajes eran una clara señal de intimidación por los dichos que el Senador ha tenido en relación con la SCJN: “Usted puede ver a los ojos a sus hijos o hijas después de lo que dice? (sic)… la vida nos juzgará”.

Tanto el ministro que sueña con ser tamalero como la ministra que se comporta como una sor religiosa cuando se habla a título personal están en plena ruta de colisión por las constantes críticas que el presidente López Obrador ha realizado a su labor de comparsas de la oligarquía. 

El punto es que la SCJN no ha entendido que son otros tiempos en donde la discusión pública debe ventilar todos los problemas que aquejan la nación. Están acostumbrados a litigar en los oscurito, y a que no se le cuestione sus resoluciones. Lo grave es que ahora estén planificando un debilitamiento de la institución presidencial en medio de los tiempos electorales que se avecinan. 

Se quejan de manifestaciones que se realizan afuera de sus instalaciones, como si el libre derecho a la manifestación y el derecho a la libre expresión se suspendiera cuando se trata de cuestionar su función como poder político del Estado. Algo muy mal está en nuestra sociedad cuando los medios de comunicación linchan mediáticamente al gobernador Cuitláhuac García por hacer públicos sus cuestionamientos al poder judicial. 

Uno de los argumentos del ministro Payan alega que existen leyes que ellos defenderán porque para eso están, y lo dice claro, no es que uno quiera que no defienda las leyes, esa es una manipulación muy básica, el problema real es el enfoque de defensa que hace de leyes de despojo que el neoliberalismo generó en este país, y a las cuales no se le cuestionaba sino se le acataba en perjuicio de la sociedad y el Estado. 

La actual conformación de la SCJN nace como una necesidad del proyecto neoliberal de formar una nueva legalidad que le permitiera hacerse de los activos del Estado y pasarlo a manos de privados. Validar las estrategias de despojo en curso. Los ministros fueron elegidos por los poderes políticos no por sus capacidades jurídicas sino por los intereses económicos en juego. Estaban ahí para invalidar cualquier acción de inconstitucionalidad que dañara los proyectos neoliberales. 

Cuando existe un nuevo proyecto económico, es claro que los ministros han decidido no respaldarlo, para esto están ahí para cuidar los intereses económicos para lo cual fueron elegidos. Es por ello que se requiere de una reforma constitucional para cambiar todo el pleno de la SCJN. Abrir esa discusión es lo que ha molestado en sobremanera a los ministros y ministras. 

Lo peor es lo que está sucediendo con el crimen organizado y los jueces del país que pareciera tienen una patente de impunidad para poder liberarlos. Esta amalgama es sumamente preocupante debido a lo que puede resultar de esta relación. 

De las cosas impensables que uno no esperaría en una sociedad democrática es que una excolaboradora de García Luna, Sonia Vargas Terrero, haya sido nombrada actual coordinadora de Administración del CJF perteneciente a la SCJN. Esta excolaboradora de uno de los delincuentes más importantes del régimen neoliberal tiene una investigación encima por que firmó contratos irregulares por 71.6 mdd. Esto revela un cinismo que puede ser la punta del iceberg de relaciones con el crimen organizado más allá de lo que creemos. Todo bajo el cobijo de la SCJN.

Elegir a los ministros y ministras de la Corte puede ser un proyecto que debe ser discutido por la sociedad mexicana, no puede negarse que el poder judicial está corrompido. La justicia en este país es para los hombres y mujeres con mayores recursos económicos. 

Los proyectos económicos alternativos al neoliberalismo están siendo combatidos bajo la manipulación que se defiende a la Constitución. Los ministros y ministras deberían de serenarse y establecer una relación respetuosa con los otros dos poderes, a menos que lo que se quiera es quebrar el orden constitucional ¿Hacia allá nos quieren llevar? Sin duda, una puesta sumamente arriesgada.