La deuda pública y su efecto en las tasas de interés
El inicio de este gobierno estuvo acompañado de una promesa de no más impuestos y no más deuda. Al revisar los datos de la deuda externa el endeudamiento era de 606 mil 450 millones de dólares y hasta el 2021 el monto estaba en 605 mil 700. Esto parecería congruente con la política anunciada por el gobierno federal.
Al anunciar el paquete de egresos para 2023, el Ejecutivo solicitó un aumento de nueva cuenta en el techo de endeudamiento interno. Para este año se solicitaron mil 170 mil millones de pesos, un récord histórico. Está 11 veces por encima de los niveles que se aceptaban a inicios del siglo.
La deuda pública en pesos es una forma más saludable y de menos riesgo que la deuda extranjera. Sin embargo, al ver una tendencia de 5 años consecutivos en aumento y, con los últimos años con incrementos del 31.6%, 31.4% y 31.1%. ¿Qué está pasando? En un primer plano podría pensarse que por culpa de la pandemia la economía se contrajo y la recaudación está por debajo de lo esperado. Este argumento funcionaría para un año, pues el gobierno al tener una recaudación más baja debería de haber ajustado sus presupuestos para regresar a niveles más sanos. Sin embargo, la recaudación apenas estuvo poco más de 5 mil millones de pesos por debajo de lo esperado con una recaudación e ISR que esta 9% arriba del año anterior.
A finales de 2018, el nivel de deuda interna llegó a ser del 80% del PIB, durante los siguientes 2 años experimentó una baja en línea con las metas de gobierno y la meta de llegar al 50%. En el primer trimestre de 2021, se logró. Sin embargo, desde marzo de 2021 a la fecha el nivel de endeudamiento está rozando el 70% de nueva cuenta.
La deuda pública es parte de las variables macroeconómicas que durante los primeros años de los 2000´s se cuidaban para permitir que la economía crezca de manera sólida. ¿Qué repercusiones puede tener este aumento de la deuda interna? El sector financiero mexicano se ha comportado de muy buena forma y no tiene riesgos mayores de insolvencia. Sin embargo, pues tiene límites basados en su captación. El hecho que el gobierno esté ingresando a solicitar tantos ingresos extras quiere decir que habrá empresas e individuos que no podrán acceder a estos recursos. Además, la “escasez” de recursos para créditos provocará que aumenten las tasas de más en un período de inflación donde ya están elevadas.
A nivel de afectación en los bolsillos de las personas de a pie, es en los municipios donde más se resiente la falta de liquidez en los gobiernos.
En los próximos meses, el 95% de los municipios de México enfrentarán una grave crisis de liquidez debido a la muy considerable disminución en las participaciones federales.
La delicada situación en la que se encuentran los municipios se debe a que el gobierno federal no tiene capacidad para atender esta emergencia dado el debilitamiento del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF), ocasionado por las políticas de subsidio a las gasolinas y las altas tasas de interés.
Cada vez son más las señales que evidencian la fragilidad real de las finanzas públicas de México, pues a la creciente deuda pública, al déficit fiscal y a la falta de eficiencia en el gasto se suma una nueva preocupación en la gran mayoría de los municipios del país, todo lo cual genera una alarmante situación que requiere ser atendida pronto.
En medio de la recuperación económica tras los estragos causados por la pandemia de Covid-19, el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) también advierte que los gobiernos locales enfrentarán un escenario financiero más complicado en comparación con los primeros años de la crisis sanitaria.
Este centro de investigación precisa que las participaciones federales en abril registraron su peor resultado en casi 3 años, lo que ha generado preocupación. Así que los próximos meses serán difíciles para los estados debido al panorama federal actual, caracterizado por presiones inflacionarias, la baja en la recaudación de los Impuestos al Valor Agregado (IVA) y Sobre la Renta (ISR), así como el aumento en los costos financieros.
Y aunque los estados buscarán hacer ajustes en respuesta a tales factores, 2023 se convertirá en uno de los años más desafiantes para las entidades federativas, porque los recursos de los fondos de estabilización (utilizados para paliar los impactos iniciales de la pandemia) se han agotado o se encuentran en niveles muy bajos.
Es por eso que los estados habrán de enfrentar dificultades adicionales para mantener el equilibrio en sus finanzas públicas y cumplir sus responsabilidades.
El verdadero y más grave problema está todavía por estallar, cuando el dinero de todos los cajones, los fideicomisos, institutos y dependencias desaparecidos, se acabe para el gobierno federal.
La economía resiste por ahora gracias a ese dinero que está siendo derrochado en caprichos presidenciales financieramente inviables, pero con certeza matemática esa situación no durará para siempre. Quien no esté tomando previsiones desde hoy, lo lamentará mucho después.
La política tributaria, por su parte, debe asegurar una fuente de ingresos sólida que coadyuve a mantener finanzas públicas sanas. Es por ello que las reformas emprendidas en los últimos años, se han orientado a consolidar un sistema tributario neutral, eficiente y equitativo. Sin embargo, el sistema fiscal mexicano aún presenta problemas que deben ser solucionados en el transcurso de los próximos años, de entre los que destacan algunas distorsiones remanentes en materia de IVA e ISR; la existencia de avenidas de evasión fiscal; el crecimiento del sector informal; la necesidad de mejorar la distribución de los ingresos entre los distintos niveles de gobierno, en función del potencial recaudatorio de los mismos; y la obligación de constituir una administración fiscal moderna y eficiente.
La deuda pública también tendrá el efecto de que en el mediano y largo plazo tendrá que cumplir con un servicio de deuda o un pago de intereses que son recursos que no se tendrán en el futuro para realizar otros proyectos. Si la deuda pública no se está utilizando para mejorar la capacidad productiva de los mercados mexicanos, como con carreteras, sistemas de seguridad, o el desarrollo y mejoramiento de la infraestructura eléctrica.
Si al final no se invierte en mejorar la productividad o en aumentar la actividad económica, entonces lo más seguro que veremos en el mediano plazo son aumentos en las tasas de los principales impuestos. Sólo buscando mayor recaudación podrá el gobierno hacer frente a los pagos de estas nuevas deudas. ¿Qué impuestos aumentarán? ¿A quién? Son inquietudes que se tendrán que ir debatiendo en el Congreso.
Este es un momento ideal para invertir en proyectos de mediano y largo plazo, sobre todo si se pueden amarrar tasas fijas que están cerca de los niveles históricos, siempre siendo muy conscientes de que esa deuda debe servir para generar riqueza futura, que les permitan hacer frente a los escenarios posibles como el aumento en tasas fiscales.
Finalmente, debe decirse que la sociedad y el Gobierno participan en un proceso de continua revisión del sistema impositivo, a fin de mantenerlo actualizado, incorporando los elementos más novedosos para hacerlo cada día más eficiente y atendiendo las demandas de los ciudadanos que reclaman un sistema justo, impulsor de la inversión y, no un sistema que se convierta en un obstáculo para el crecimiento.
