Policías y trabajadora social de Puerto Vallarta pagan 44 mil pesos para evitar proceso penal por abuso de autoridad

Los policías municipales Jaime “N” y Sandra Leticia “N”, junto con la trabajadora social Delia “N”, todos adscritos a la Comisaría de Seguridad Ciudadana de Puerto Vallarta, obtuvieron la suspensión condicional del proceso que se les sigue por abuso de autoridad y delitos cometidos en la administración pública.

Durante la audiencia celebrada en los juzgados del Octavo Distrito Judicial, el Juez de Control y Oralidad Miguel García Hernández aprobó la solicitud de la defensa, imponiendo como condición el pago total de $44 mil 400 pesos:
$23 mil 400 por concepto de reparación del daño a la víctima y $21 mil pesos destinados a la asociación civil Ayudemos a Vallarta, como reparación del daño a la sociedad.

Además, el juez determinó que los tres imputados deberán residir en un lugar determinado, no acercarse ni comunicarse con la víctima o los testigos, y acreditar un curso de derechos humanos durante los próximos seis meses.

El caso: aseguramiento irregular de una menor

Los hechos ocurrieron a finales de agosto de 2022, cuando los policías Jaime “N” y Sandra “N” acudieron a un reporte de una niña sola y llorando dentro de un domicilio en Puerto Vallarta.
Al llegar, observaron que la puerta y la ventana estaban abiertas, por lo que ingresaron, aseguraron a la menor y la trasladaron a la Comisaría; sin embargo, omitieron dar aviso al Ministerio Público ni a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, como establece la ley.

La niña fue entregada a la trabajadora social Delia “N”, quien buscó a los padres en redes sociales y contactó a la madre para que acudiera a recogerla. En lugar de canalizar a la menor al DIF, fue resguardada temporalmente en los separos de la policía.

Cuando el padre —quien tenía la custodia provisional— llegó a reclamar a su hija, fue detenido por los policías, quienes argumentaron que se encontraba agresivo y con aliento alcohólico, entregando a la niña a la madre.

Denuncia y resolución judicial

Tras el incidente, el padre interpuso una denuncia ante la Fiscalía Estatal, que turnó el caso a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción. La Agencia Regional de Puerto Vallarta llevó a cabo las investigaciones que derivaron en la vinculación a proceso de los tres servidores públicos el 23 de diciembre de 2024.

Con la suspensión condicional otorgada, el proceso quedará detenido si los acusados cumplen con todas las condiciones impuestas por el juez durante el periodo establecido.