Sistema impositivo mexicano
El sistema fiscal de México es un pilar esencial para financiar el gasto público, servicios sociales, infraestructura, inversiones estatales y constituye un instrumento clave de política económica.
Para 2026, se ha aprobado un nuevo paquete fiscal que incorpora reformas relevantes en los principales impuestos, así como cambios normativos que impactan la recaudación, la fiscalización y la estructura tributaria del país.
Estas modificaciones buscan reforzar los ingresos del Estado, reducir la evasión fiscal, ampliar la base de contribuyentes y ajustar impuestos especiales sobre consumo.
El sistema impositivo federal en México se fundamenta principalmente en tres impuestos de gran recaudación: Impuesto Sobre la Renta (ISR): grava los ingresos y utilidades de personas físicas y morales, incluyendo salarios, rendimientos, arrendamientos, actividades empresariales o profesionales, entre otros. Impuesto al Valor Agregado (IVA): impuesto indirecto general sobre el consumo; aplica a la venta de bienes, prestación de servicios y operaciones de importación. Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS): grava bienes y servicios específicos como tabaco, bebidas saborizadas, combustibles, apuestas, entre otros, que usan criterios de salud pública, consumo o externalidades.
Además, el sistema contempla otros gravámenes: impuestos al comercio exterior (aranceles, importaciones), impuestos especiales por actividades reguladas, derechos, aprovechamientos y otros ingresos no tributarios.
Este marco permite al Estado recaudar recursos esenciales. Para 2026, la proyección de ingresos tributarios alcanza cifras relevantes: se estima que la recaudación por ISR será aproximadamente 3.070 millones de pesos, por IVA cerca de 1.589 millones, y por IEPS alrededor de 761.5 millones.
Al gravar productos de consumo popular o de uso habitual (refrescos, tabaco, entretenimiento, apuestas), la reforma puede afectar con mayor fuerza a familias de bajos o medianos ingresos, generando preocupación sobre la equidad social.
Para empresas pequeñas, autónomos o plataformas digitales, las nuevas obligaciones fiscales (retenciones, factura electrónica, control de operaciones) pueden representar una carga operativa significativa.
Si los costos de operar formalmente se elevan, puede haber incentivos para migrar nuevamente a la informalidad o recurrir a prácticas de evasión, una paradoja para los objetivos de recaudación.
El incremento de ingresos fiscales supone un mayor esfuerzo de recaudación; pero su justificación social y económica dependerá de que esos recursos se traduzcan en servicios públicos, infraestructura, bienestar y desarrollo sostenible.
La reforma fiscal 2026 configura un sistema impositivo más dinámico, amplio y técnicamente actualizado. Al combinar ajustes en impuestos tradicionales (virtud del ISR, IVA) con aumentos en gravámenes especiales (IEPS), regulación de plataformas digitales y modernización de la fiscalización, el Estado busca consolidar una base tributaria más firme, reducir la evasión y asegurar recursos para políticas públicas.
No obstante, estos cambios implican mayores costos directos e indirectos para consumidores, empresas, y pequeños contribuyentes.
La carga puede recaer con mayor fuerza sobre sectores vulnerables o de ingresos medios, lo que plantea la necesidad de políticas complementarias: incentivos para formalización, mecanismos de protección social, incentivos económicos para consumo responsable, y una administración eficiente del gasto público.
En definitiva, 2026 representa para México una encrucijada: profundizar la recaudación y modernización tributaria, o arriesgar el bienestar social y el equilibrio económico si no se acompaña con políticas redistributivas y de inclusión.
