Un simulacro democrático llamado INE

Pone el dedo en la llaga el productor y ex corresponsal de guerra Epigmenio Ibarra cuando dice que la acción de posponer la revocación de mandato es un crimen de lesa democracia. 

Lorenzo Córdova, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral ha lanzado una apuesta fuerte en vías de intentar obtener el beneplácito de la candidatura presidencial de la oposición política en México, es decir, ha abandonado ya su papel de árbitro imparcial para impulsar su carrera política. 

En una democracia, los ciudadanos son los encargados de elegir no solo a los representantes populares sino sobre todo legitimar el proyecto económico con el que llevaran a cabo la tarea de gobernar. 

No es casual que el neoliberalismo dio un golpe de estado con Carlos Salinas y lo reprodujo con Felipe Calderón al no contar con el respaldo social para llevar a cabo las privatizaciones y la espiral de violencia para que Enrique Peña Nieto pudiera entregar los bienes energéticos de la nación. 

El que se haya “ciudadanizado” el órgano electoral bajo el argumento que las elecciones se realizarían de forma más limpias, más bien funcionó como una estrategia de reparto político de cotos de poder. Habría fraudes, pero también habría reparto entre el PRI y el PAN, y si se disciplinaban los demás partidos también tendría una voz, mínima, pero que validaba todos los demás actos. 

Desechar la democracia es una vía que la reacción conservadora siempre ha mantenido abierta. Para nadie es un secreto que todo el siglo XX las elecciones en México siempre fueron un fraude, el partido de estado era quien controlaba quien llegaba al poder y su proyecto dentro del mismo. 

No hemos llegado a un proceso de reconocimiento del triunfo del presidente López Obrador porque haya existido un órgano imparcial sino por la apabullante respuesta de la sociedad mexicana que salió a votar por un cambio de régimen. 

Contar con la legalidad ha sido importante para las elites que modificaron la misma para acomodarse en el despojo organizado por el proyecto neoliberal, otra cosa muy diferente es contar con la legitimidad, y en esa crisis política es en la que se encuentra. 

Es muy delicado que el poeta Javier Sicilia dentro de las páginas de la Revista Proceso propusiera, como bien apuntó el periodista Federico Arreola, un golpe de estado como una acción política dentro de México, al aconsejar que la vía electoral está cancelada. 

Ya sea por factores políticos, o como ahora se argumenta económicos, lo que se busca en todo momento es el desgaste que no le corresponde al órgano electoral del gobierno en turno. Intenta no respetar la Constitución, y la reduce a un berrinche o capricho presidencial, poniendo en duda el acuerdo político que de ella emana.

En el terreno económico, es muy claro que los órganos autónomos han manipulado hasta el cansancio la idea de que ellos pueden manejarse tal y como ellos definan en su seno, desde una presunta superioridad tecnicista se pretende cancelar las directrices con las que se dirige el Estado Mexicano. 

La autonomía no puede significar estar al margen de las decisiones del pueblo, depende de estos órganos entender el mandato que se presenta en las urnas y acompañarlo. No usar a la autonomía como pretexto para defender cotos de poder y desde ahí atacar la voluntad popular. 

No podemos reducir este problema a un problema económico ni político ni siquiera legal. Este es un tema que toca los fundamentos del acuerdo político consagrado en la Carta Magna. Esto es lo que los seis consejeros comandados por Lorenzo Córdova están trastocando. 

Para decirlo claro, el INE no puede operar al margen de las directrices económicas que el gobierno en turno tiene, tanto expresado en el poder ejecutivo como en el legislativo. El INE debe acatar las medidas de austeridad republicana porque ese fue el mandato en las urnas, el INE no puede ir en contra de la voluntad popular. 

Si la Constitución no se respeta para la dirimir las diferencias lo que sigue es la violencia. Y la grave falta que han puesto los consejeros del INE abre ese camino. La revocación de mandato es un elemento indispensable en la democracia participativa, coloca como pieza clave la remoción de un mandatario que no haya cumplido las expectativas por las que fue elegido.

En la medida que las contradicciones dentro de una sociedad se llegaran a expresar, estas tendrían la oportunidad de organizarse y disputar en un terreno bien delimitado y cada una de ellas tendría la oportunidad de posicionarse como una alternativa o mantener su legitimidad. Esto llevaría en primer lugar a no acrecentar las voces que en momentos de alta tensión proponen mano dura y represión. 

El presidente López Obrador ha sido claro, hay que llevar a cabo este ejercicio, no sólo por una cuestión de mostrar la fortaleza del movimiento sino ante todo como una forma pedagógica de educar políticamente a la sociedad. Que la democracia participativa sea el arma con la cual cuente la sociedad en el futuro. 

El INE al entrar en este desacato se enfrenta incluso también al poder judicial, ya que este a través de la Suprema Corte había mandatado que la revocación no se suspendiera. Al contrario que el ejercicio se adecuará presupuestalmente, y se echará adelante. 

Es momento de defender la democracia, lo que está en juego no es menor, es la posibilidad que en México sea la vía política la que pueda resolver las diferencias y no la violencia. Los seis consejeros del INE y un pequeño círculo de intelectuales han echado a andar una lectura de la realidad, que insiste en mantener como simulacro la democracia, unos cuantos impotentes no pueden poner en riesgo a toda una sociedad en su afán por mantener los privilegios del pasado al costo que sea, es momento de refrendar el compromiso por hacer valer el ejercicio de una democracia real.