Sigamos haciendo historias de terror en Puerto Vallarta

A 38 días de los disturbios registrados el domingo 22 de febrero de 2026 en Puerto Vallarta, el saldo no solo se mide en el miedo colectivo que paralizó a uno de los destinos turísticos más importantes del país, sino en la devastación económica que permanece visible, intacta y, peor aún, ignorada por los tres órdenes de gobierno.

Los negocios afectados —varios de ellos pertenecientes a cadenas comerciales con años de operación en la región— siguen convertidos en esqueletos calcinados.

Tiendas de conveniencia, farmacias, establecimientos de deportes, de aires acondicionados y otros más, fueron arrasados por incendios provocados en una jornada de violencia que respondió a la detención y muerte de un líder de un cártel.

Lo que se vivió ese día no puede ni debe minimizarse: fue terrorismo puro, una estrategia de intimidación que logró su objetivo al sembrar pánico en la población y evidenciar la fragilidad del Estado.

No se trataba de negocios improvisados ni de economía informal.

Eran empresas establecidas que cumplían con sus obligaciones fiscales a nivel federal, estatal y municipal; que generaban empleos formales, bien remunerados, y que contribuían al dinamismo económico de Puerto Vallarta.

Detrás de cada fachada hoy destruida hay cadenas de valor completas afectadas: trabajadores desempleados, proveedores sin ingresos, inversionistas en incertidumbre.

A ello se suma otro eslabón igualmente golpeado: los propietarios de los inmuebles.

Muchos de estos locales pertenecen a inversionistas jaliscienses que apostaron por el crecimiento del destino turístico, mismos que arrendaban sus espacios a estas marcas comerciales.

Hoy enfrentan no solo la pérdida de rentas, sino posibles daños estructurales en sus propiedades, sin que exista claridad sobre mecanismos de apoyo, compensación o incentivos para la reconstrucción.

Lo más grave no es únicamente lo ocurrido aquella jornada, sino lo que NO ha ocurrido desde entonces.

Después de más de un mes, los gobiernos federal, estatal y municipal no han definido con precisión ni contundencia un plan integral de apoyo para la recuperación económica de los afectados.

No hay programas claros de financiamiento, estímulos fiscales, subsidios o esquemas de reconstrucción que permitan reactivar estos negocios.

La omisión institucional resulta aún más cuestionable si se considera el comportamiento de las fuerzas de seguridad durante los hechos.

Testimonios coinciden en señalar la ausencia total de acción por parte de corporaciones municipales y estatales, así como de elementos de la Guardia Nacional, el Ejército y la Marina. Lejos de contener la violencia, se replegaron, dejando a la población y al sector productivo a su suerte.

Puerto Vallarta no solo fue escenario de un ataque coordinado, sino también de una exhibición preocupante de debilidad institucional.

La falta de respuesta inmediata y la ausencia de un plan de recuperación envían un mensaje peligroso: que la violencia puede destruir en horas lo que tomó años construir, sin consecuencias claras ni respaldo efectivo para las víctimas.

Hoy, los locales incendiados siguen ahí, como cicatrices abiertas en el paisaje urbano. No son solo ruinas; son recordatorios de un Estado rebasado y de una economía que, pese a su relevancia, parece estar sola frente a la adversidad.

Si la inacción continúa, Puerto Vallarta no solo cargará con el peso de aquel “domingo negro”, sino que comenzará a normalizarlo. Y entonces, más que un destino turístico, correrá el riesgo de convertirse en un símbolo recurrente de historias de terror que pudieron evitarse, pero que nadie quiso enfrentar a tiempo.

YM