Sheinbaum pide a comité de la ONU “ampliar análisis a todo lo hecho en 2025” ante desapariciones

Tras las advertencias emitidas por Juan Pablo Albán Alencastro, titular del Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de la ONU, sobre una supuesta crisis forense y de personas no localizadas en el país, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo desestimó tajantemente dichos señalamientos.

La mandataria aseveró que los especialistas internacionales únicamente pretenden denostar a la administración federal y llevar una postura crítica a la Asamblea General de la ONU, acción que, consideró, no tiene cabida.

Durante su conferencia matutina de este martes 7 de abril, la Jefa del Ejecutivo y el subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la SRE, Enrique Ochoa, puntualizaron la naturaleza del organismo.

Aclararon que el CED está conformado por diez expertos independientes y no representa la postura oficial de toda la Organización de las Naciones Unidas, deslindando del documento a sus órganos principales como la Asamblea General, el Consejo de Seguridad, el Secretario General o la Unesco.

Cuestiona Sheinbaum metodología y “sesgo” del informe

Sheinbaum denunció que el análisis de los expertos carece de rigor metodológico, ya que utiliza datos recopilados entre 2009 y 2017 en tan solo cuatro entidades (Coahuila, Jalisco, Nayarit y Veracruz) para realizar una extrapolación injustificada hasta el año 2025.

Además, reprochó que el comité ignoró por completo las observaciones que ya habían sido enviadas por la Secretaría de Gobernación (Segob) y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

La presidenta marcó una clara frontera histórica respecto a la responsabilidad gubernamental. Aseguró que las desapariciones forzadas ordenadas desde el poder son una práctica del pasado, limitada a la época de la Guerra Sucia.

Explicó que si en la actualidad algún servidor público incurre en este ilícito, se le castiga de forma individual por no tolerar la impunidad, pero dejó en claro que esto no responde a una instrucción institucional del Estado.

Rechaza clasificación de crímenes de lesa humanidad

En este mismo sentido, la mandataria rechazó que las desapariciones en México puedan catalogarse como “crímenes de lesa humanidad”, recordando que la definición legal de este término exige que el delito sea perpetrado directamente por el Estado.

Aunque reconoció el doloroso registro de más de 132 mil personas desaparecidas, acusó que el CED comete el error de agrupar en una misma categoría los secuestros del crimen organizado y las ausencias voluntarias, como las de personas que huyen de la violencia familiar.

“No es lo mismo”, insistió la titular del Ejecutivo, al destacar que el gobierno federal ha trabajado de la mano con los colectivos de búsqueda.

Recordó hitos fundamentales que el reporte internacional omitió, tales como la creación de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) en 2018 y la reciente reforma de 2025 a la Ley General en Materia de Desaparición Forzada, demostrando el compromiso institucional vigente.

Acciones del Estado y relación con el Alto Comisionado

Asimismo, negó categóricamente que el Estado mexicano se encuentre rebasado frente a la crisis. Sheinbaum recordó que el origen de esta problemática se detonó con la llamada Guerra contra el Narco y el fortalecimiento de grupos delictivos en sexenios anteriores, subrayando incluso que actualmente un exgobernador se encuentra en prisión acusado de desaparición forzada.

Para rebatir las conclusiones del informe con “todo rigor académico, científico y jurídico”, Sheinbaum adelantó que convocará a una conferencia especial.

En este espacio participarán las titulares de Segob, Rosa Icela Rodríguez; de la SRE, Roberto Velasco Álvarez; y el subsecretario de Derechos Humanos, Arturo Medina, dejando la puerta abierta para que asistan expertos que expliquen las deficiencias del documento.

Pese a la fricción generada por el reporte del CED, la presidenta aclaró que su administración mantiene una “excelente relación” con el representante en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas.

Detalló que instancias como la Segob y la Fiscalía General de la República (FGR) sostienen reuniones constantes con este organismo para gestionar un mayor presupuesto enfocado en la identificación forense.

Finalmente, la Jefa del Ejecutivo envió un mensaje directo a las víctimas y colectivos del país. Reiteró su total solidaridad, fraternidad y apoyo a las familias afectadas, prometiendo continuar la labor de búsqueda para alcanzar la verdad y la justicia, aunque sin aceptar los señalamientos de un comité que, afirmó, prefirió la crítica sobre la colaboración.