Se agudiza la alerta de género en Bahía de Banderas

Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres

Debido a que no se han puesto en marcha las acciones marcadas por la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) establecida en agosto del 2017, la cual obliga a crear medidas para que las mujeres y niñas disfruten de una vida libre de violencia, además de que se les garanticen seguridad, prevención, justicia y reparación de daños; el municipio podría recibir un segundo apercibimiento por omisión.

Todo esto, debido a la presión que han ejercido los colectivos de la región, además de una denuncia que de el colectivo Proyecto Monarca contra el Gobierno de Bahía de Banderas, tras el constante aumento de la violencia contra las mujeres en los últimos años, traducidos en desapariciones y feminicidios, así como el nulo avance en la atención a la problemática, en el que se habla de un avance del 4%.

Ante lo anterior expuesto, la presidenta de Bahía de Banderas, Mirtha Villalvazo, reconoció que existe una multa millonaria derivada de no atender la alerta; sin embargo, negó una notificación hasta el momento por parte de la Secretaría de Gobernación. 

“Hasta ahorita a nosotros no nos han notificado de la alerta que pueda subir; lo que sí, es que cuando recién iniciamos el 17 de septiembre del 2021 como presidenta municipal, nos encontramos a los 10  días que  teníamos una multa de muchos millones de pesos, precisamente por no tener la participación de la  alerta de género,” reveló. 

Añadió que fue la pasada administración quien no atendió dicha alerta y no cumplieron con lo establecido; es por ello que la multa se tendrá que pagar del erario, en la que se trabaja para llegar a un acuerdo.   

“Estamos trabajando para que se nos quite, en el presupuesto yo he visto cuánto se le invierte, estamos tratando que esa sanción de millones que no hizo la administración pasada pudiéramos bajar nosotros dándole difusión a lo que reglamenta la alerta, añadió. 

La alerta de violencia de género es definida actualmente como el conjunto de acciones gubernamentales de emergencia para enfrentar y erradicar la violencia feminicida en un territorio determinado, ya sea ejercida por individuos o por la propia comunidad. Esto de acuerdo con la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en su Capítulo V del Título II (artículo 22).

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